Por Dr. Daniel Cassola

En el sexto año de gobierno kirchnerista, la salud, una vez más, queda como una cuenta pendiente con la sociedad. Las últimas noticias indican que ni siquiera los cinco hospitales que la presidenta le prometió al conurbano bonaerense el año pasado para el bicentenario nacional se están construyendo. Quedarán para otro aniversario, salvo que los edifiquen en tiempo récord.

El año pasado el conflicto con las patronales del campo marcó la agenda política, lugar que en 2009 fue más disputado, primero por las elecciones legislativas y luego por la ley de servicios audiovisuales, la reforma política y la asignación universal por hijo. ¿Y la salud? Las noticias más relevantes del área ocuparon las áreas de información general, ya sea por las epidemias, o los policiales, por la mafia de los medicamentos, pero no se debate de la materia en las páginas políticas. Casi como si fuera una cuestión olvidada.

Frente al dengue, allá por el verano pasado, el gobierno mostró un desconcierto tal que la entonces ministra de Salud de Chaco y ahora diputada, Sandra Mendoza, llegó a proclamar que “la culpa es del mosquito”. Chaco, Catamarca y Salta padecieron decenas de miles de infectados, y solo un puñado de muertos. La culpa, en tal caso, fue del virus, que afortunadamente no se presentó en su variante hemorrágica más que en unos pocos casos.

Cuando los brotes epidémicos de dengue menguaron por el cambio de estación, apareció la gripe A, y el desconcierto, quizás porque se trataba de una nueva enfermedad, fue mayor. El 28 de junio se celebraron los comicios legislativos de mitad de mandato pero el 29 la noticia era que había hospitales desbordados por los casos de gripe. Si bien las elecciones son garantes del sistema democrático el gobierno debería haber oído las recomendaciones de la OPS, que sugería posponerlas para evitar concentraciones masivas y contagios. En medio de la crisis sanitaria, Argentina no tenía ministro de Salud porque Graciela Ocaña estaba renunciada pero mantenía su cargo solo para no agregarle un disgusto más al kirchnerismo antes de la elección. Esta maniobra política se priorizó sobre la salud de la población.

Si hay algo que Ocaña siempre hizo a través de su carrera política es denunciar, con mayor o menor éxito, casos de corrupción. Pero en este año su deslucida gestión ni siquiera puede anotarse el adelanto en la causa que investiga la mafia de los medicamentos, ya que cuando el proceso comenzó a avanzar, la ex integrante del ARI estaba ya sin trabajo. Es inédito que un dirigente sindical del peso de Juan José Zanola esté preso, a la vez que es esperable que la investigación que lleva a cabo Norberto Oyarbide no se detenga allí.

No solo el bancario pasó la Navidad tras las rejas, ya que el ex subsecretario de Contralor Sanitario bonaerense cayó en la volteada por su vínculo con uno de los empresarios (Néstor Lorenzo) encargados de la logística de la “asociación ilícita” que está investigando el juez. Costa arrastró fuera del gobierno bonaerense a Claudio Zin, que dejó a los hospitales provinciales peor de lo que los encontró, sin reformas edilicias, con falta de personal e insumos y con un año récord en paros de profesionales de la salud, que son los que tuvieron bancar con su propia salud a las epidemias que afloraron. En la provincia que intenta gobernar Daniel Scioli, las cosas por el sector privado no andan mucho mejor, ya que el IOMA (la obra social provincial, y segunda en importancia en el país después del PAMI) mantiene deudas con proveedores, farmacéuticos, médicos y bioquímicos, llevándolos al paro o corte de servicios, coste que terminan abonando los afiliados.

Otro dato que certifica que la salud no es una prioridad se puede comprobar al ver la operatoria de la gestión que conduce al PAMI. El Gobierno tomó varios préstamos de la obra social de los jubilados, el último de 1.630 millones de pesos, lo que confirma que por la recuperación económica del último lustro las arcas del instituto están rebosantes de fondos. Pero ese dinero no va a la salud. Y lo que sobra es mucho más de lo que se necesita para garantizar las prestaciones de la obra social ante una eventual crisis.

Como muestra del funcionamiento del PAMI basta relatar lo que sucede en el distrito de San Martín, provincia de Buenos Aires. La dependencia del instituto en el partido maneja unas 300 mil cápitas. De ellas, 66 mil son derivadas a un efector público, el Hospital Abete de Malvinas Argentinas. Según explicó en nuestro programa el médico Eduardo Barragán, secretario gremial de la Asociación de Profesionales Universitarios del Hospital Larcade de San Miguel, esto colapsa el sistema de atención, porque el Hospital de Malvinas Argentinas solo tendría capacidad para atender un máximo de 15 mil cápitas y a quienes no tienen cobertura social se les otorgan turnos con “dos o tres meses de demora”. Asimismo, el Larcade debe afrontar la atención de toda la población que no consigue ver a un médico en el de Malvinas Argentinas, por lo que como resultado del superávit del PAMI se obtiene el colapso de dos hospitales públicos: el de San Miguel porque no recibe la coparticipación correspondiente y el Abete porque al facturar obras sociales se convierte en un sanatorio donde se privilegia al que paga sobre los sectores más carenciados de la población. Por otro lado, si un hospital que solo puede atender 15 mil cápitas, cobra más de 60 mil, hay un recurso económico que se está desviando de la prestación de salud a los jubilados del PAMI. ¿O estaremos frente a un nuevo modelo de gerenciadoras?

2009, además, se cierra con la amenaza de un nuevo brote de dengue, y con enfermedades que por el cambio en el clima y en el medio ambiente están al acecho. Son la leishmaniasis, la fiebre amarilla, la leptospirosis y el hantavirus. Mientras tanto, no disminuyen los casos de tuberculosis y Chagas, a la vez que en las provincias más pobres del país (Chaco, Formosa, Catamarca y La Rioja) vuelve a aumentar la mortalidad infantil. Este año tampoco podrá ser recordado como el de la sanción de la ley antitabaco, ya que el Congreso Nacional no adhirió al convenio marco de la Organización Mundial de Salud que ya ratificaron otros 170 países.

Cristina Kirchner dijo en su asunción, allá por 2007, que la salud era una “deuda con el pueblo argentino” que ella venía a saldar. Es una pena que nuestros dirigentes se olviden de las palabras del sanitarista Ramón Carrillo, ministro de Salud del primer gobierno de Juan Domingo Perón, quien había expresado, ya hace años, que “un Gobierno que erradica una enfermedad es un Gobierno que vale la pena”.