Por Dr. Daniel Cassola

La salud, pasado el año de las epidemias, ha desaparecido de la agenda diaria de los grandes medios de comunicación a la vez que la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la pandemia más mediática y epidemiológicamente más intrascendente de la historia. Como si no existiesen los problemas sanitarios en Argentina una vez apagados los fuegos fatuos de la gripe A.

La situación general de los hospitales públicos es de colapso en casi todas las regiones del país, con extensos conflictos profesionales en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Mendoza, Formosa, Catamarca, Neuquén, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, tan solo por citar los que hemos abordado detenidamente en los últimos meses de Curar con opinión.

Tanto en Tucumán como en Santiago, Formosa y Salta los médicos fueron víctimas de represión y persecuciones de distinta índole a la hora de reclamar por sus derechos. Los modelos para no dar salud difieren en las formas pero no en el resultado. En Salta se continúa privatizando la gestión de los hospitales por lo que las entidades públicas de salud, según cuenta la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta –APSADES-, funcionan ahora bajo un criterio administrativo de lucro, en Santiago se construyen hospitales que luego quedan vacíos por la falta de personal, en la Ciudad de Buenos Aires el presupuesto sanitario ha decrecido mientras se aumenta el continuo deterioro edilicio (Lagleyze inundado y cerrado por un mes, Rivadavia al borde del cierre definitivo, hospitales de salud mental cerca de la desaparición, y casi todos ellos con falta de suministro de gas).

La provincia de Buenos Aires, por la precariedad de las prestaciones de salud que brindan sus diferentes efectores públicos continúa siendo noticia aunque no muchas veces se publique. En Lomas de Zamora el Concejo Deliberante está investigando por qué el municipio debió tirar ocho toneladas de medicamentos vencidos del Plan Remediar correspondientes al año 2009 mientras que sus más de 40 unidades sanitarias carecen de varios de estos productos. En Quilmes, el Hospital Materno Infantil de San Francisco Solano debe calentar el agua para bañar a los recién nacidos en microondas porque desde hace meses que no tiene gas. En estos y la mayoría de los hospitales municipales las guardias no están cubiertas y hay un porcentaje muy importante de servicios cerrados. Desde hace ya varios meses que la Asociación de Profesionales de la Salud de La Matanza está embarcada en un plan de lucha para mejorar la situación sanitaria del partido más pobre y poblado del conurbano.

Dentro del sector privado la desigualdad se expresa de manera tajante. Mientras las compañías de medicina prepaga de alta gama hacen fortunas y suben sus cuotas a discreción, quienes trabajan con las obras sociales o el PAMI deben enfrentar cada mes a la inflación, el aumento de los costos y un escenario en el que el Estado ha decidido ignorar los problemas de las pymes de la salud. Las empresas de diálisis de la provincia de Buenos Aires están al borde del endeudamiento y el colapso porque el PROFE (dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) no abona sus prestaciones. Los geriátricos deben conseguir pacientes privados para sostener los servicios que requieren los de PAMI, que paga una cápita que hace imposible una atención de calidad. El mismo PAMI, que tiene superávit a costa de la falta de salud que sufren sus afiliados, maneja discrecionalmente su caja y ha convertido varios hospitales públicos municipales de la provincia de Buenos Aires en sanatorios privados que dejan de lado a quienes no tienen cobertura social.

La falta de políticas de salud tiene ribetes que alcanzan lo internacional. Esta semana venció el plazo para ratificar en el Congreso Nacional el Convenio Marco de Control del Tabaco de la OMS, que es el primer tratado internacional de salud pública. Argentina, entonces, va a ser uno de los pocos países de Latinoamérica que no va a participar de la reunión del Foro Latinoamericano del Tabaco a celebrarse en noviembre en Uruguay. Por experiencias en los países firmante está comprobado que la aprobación y la posterior aplicación de las leyes que restringen definitivamente la publicidad de tabaco reducen las enfermedades relacionadas provocando tanto una mejora en la salud de la población como en las arcas que deben financiar, por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer del pulmón y la EPOC.

Por último, en estos días se está decidiendo el futuro de la Liga Argentina contra la Tuberculosis, que cumple 109 años y está a punto de ser definitivamente clausurada por la justicia. La Liga es una entidad sin fines de lucro que brinda atención a enfermos de tuberculosis, una de las enfermedades de la pobreza que se cobran por año muchas más víctimas que la gripe A. Nunca ninguna dependencia del Estado le brindó un mínimo apoyo para salir de la quiebra. En definitiva, atienden a la población que no encuentra asistencia en los hospitales públicos.

En este panorama el mayor riesgo que corremos es el de acostumbrarnos a que la salud sea una prestación de lujo o una dádiva y no un derecho universal como nuestra Constitución lo establece.