Menem y los siete muertos de Río Tercero que aún no tienen justicia
Por Dr. Daniel Cassola
El ex presidente y actual senador Carlos Menem no podrá renovar su banca en la Cámara Alta por disposición de la Cámara Nacional Electoral que consideró que “no reúne las condiciones de idoneidad para postularse” por estar condenado, en primera instancia, por delitos que se penan con la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Su nombre en la boleta riojana del PJ será reemplazado por el de Ricardo Guerra, actual ministro de Hacienda de aquella provincia.
La condena que le impide a Menem presentarse como candidato es por la causa que investigó el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador mediante la firma de decretos secretos durante su presidencia, entre los años 1991 y 1994. En total se calcula que se exportaron unas 6500 toneladas de armas y municiones. En un principio se quiso hacer creer que los destinos de los productos militares eran Venezuela y Panamá, pero esto fue rápidamente descartado.
En el caso de Ecuador, que se encontraba en guerra con Perú, el caso fue doblemente ominoso ya que Argentina era uno de los cuatro garantes de paz, por lo que se rompieron tratados y normas del derecho internacional. En cuanto a Croacia, el envío también fue ilegal porque por aquel entonces pesaba un embargo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los países de la ex Yugoslavia.
Los productos provinieron de la empresa del Estado Fabricaciones Militares, y se utilizaron las instalaciones de la misma en Río Tercero, Córdoba, para, por ejemplo, limar los números de serie y el escudo argentino de los cañones de artillería para poder enviarlos a Croacia.
El 3 de noviembre de 1995 una serie de explosiones conmocionó a la ciudad cordobesa. Varias de las instalaciones de Fabricaciones Militares volaron por los aires, dejando un saldo de siete muertos y más de 300 heridos. Desde un primer momento, los mandos militares, el presidente Menem y el Ministro de Defensa Oscar Camilión (fallecido el año pasado) intentaron instalar la hipótesis de un accidente.
En el año 2003, y en el marco de una causa judicial que investigaba el hecho, un grupo de ingenieros peritos de la Universidad de Córdoba determinaron que las explosiones habían sido intencionales y planificadas por expertos. Recién en 2014, casi 20 años después del atentado, quienes eran por entonces autoridades de Fabricaciones Militares fueron condenados a prisión con condenas de entre 10 y 14 años, acorde a las responsabilidades que se establecieron en el juicio. Pero hasta allí llegaron las penas, nadie por encima de la compañía de las Fuerzas Armadas fue enjuiciado.
En cuanto a la causa del tráfico de armas, Menem aún puede apelar a la Corte Suprema y no puede ser detenido porque primero debería ser desaforado del Senado. Su mandato vence el próximo 9 de diciembre y ya no podrá renovarlo. Aunque no sea directamente por la voladura de los polvorines cordobeses, a partir de ese momento podría ir preso. Quizás pueda ser un pequeño aliciente para los siete muertos que aún no tienen justicia.
