FUENTE: Télam

En un comunicado, los psicólogos porteños -entre otras objeciones- señalan que la reglamentación «cercena la posibilidad de contar con equipos técnicos» y atenta contra la interdisciplina, «que es uno de los ejes fundamentales de la Ley de Salud Mental».

Lo cercena porque «considerarán integrantes del equipo interdisplinario solo a aquellos profesiones de la salud que posean las competencias otorgadas por las universidades en sus títulos habilitantes y matrículas para prestar a personas con trastornos mentales o del comportamiento».

Agregan que se «vulnera abiertamente los derechos de los psicólogos, atentando contra normas de superior jerarquía, y afectando las posibilidades de dirección de los psicólogos en materia de Salud Mental, afectando de modo directo tanto nuestros derechos laborales, como nuestras incumbencias profesionales».

En otro pasaje, plantean: «Su contenido atenta contra los principios fundamentales contenidos en el espíritu de la Ley, retrocede de un modo escandaloso en los derechos conquistados y representa una burla a la ciudadanía en la medida que se pretenden modificar a través de una decreto reglamentario presidencial los aspectos básicos de la Ley, convirtiéndola prácticamente en su reverso conceptual».