Por Redacción Curar con Opinión
El Gobierno ha anunciado ayer que las empresas de medicina prepaga devolverán montos a sus afiliados en un plazo de doce meses, a partir de julio. Según un comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud, estos importes se actualizarán conforme a la tasa de plazo fijo del Banco Nación, que actualmente es del 2,5% mensual. Este mismo índice se utilizará para actualizar las cuotas que pagan los afiliados.
Sin embargo, fuentes del sector privado han informado que aún no hay un acuerdo cerrado y que las negociaciones continúan. Oficialmente, se indicó que las entidades reincorporarán, sin aplicar penalidades y en las mismas condiciones, a las personas que se dieron de baja en los últimos meses. Estos puntos fueron discutidos durante todo el día en una audiencia convocada por el juez Juan Stinco, del Juzgado Civil y Comercial N° 3, donde se tramita una causa por supuesta cartelización de precios iniciada por la Superintendencia.
Los importes a devolver corresponden a la diferencia entre las cuotas cobradas en los primeros cuatro meses del año y las que hubieran sido si los ajustes mensuales se hubiesen hecho conforme al índice de inflación. Esta tarde, las entidades de medicina prepaga habían propuesto un reintegro equivalente al 24% de la cuota definida para julio, también en doce meses, actualizándose según el índice de costos de la salud usado anteriormente.
Las prepagas propusieron que entre julio y septiembre, los precios de los planes de salud se ajusten en un 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Para junio, ya están previstos reajustes basados en la variación del IPC de abril, del 8,83%. Los directivos también pedían que desde octubre los incrementos de las cuotas quedaran liberados, como ocurrió tras el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 firmado en diciembre por el presidente Javier Milei, hasta que en abril el Gobierno empezó a frenar las subas.
El juez Stinco dispuso que las prepagas deben recalcular las cuotas para que sigan la variación del IPC con dos meses de retraso. Además, cada entidad debe plantear un plan para devolver los montos cobrados en exceso. Ante este mandato, varias entidades solicitaron una prórroga y ser convocadas a una audiencia, lo cual se concedió.
Antes de la medida cautelar, el Gobierno había dispuesto que las subas se basaran en los índices mensuales de inflación, aplicable solo a siete empresas. Esta normativa surgió tras una investigación por supuesta cartelización iniciada en enero por la Coalición Cívica.
