Por Redacción Curar con Opinión
La jueza federal Zunilda Niremperger dictó el lunes una medida cautelar que suspende todos los desmontes de bosques nativos en la provincia de Chaco. La decisión responde a una solicitud de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA) y afecta tanto a los permisos de desmonte solicitados recientemente como a aquellos ya autorizados pero aún no ejecutados.
En su fallo, Niremperger ordenó al gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador Leandro Zdero (Juntos por el Cambio), implementar medidas para garantizar el cumplimiento de la suspensión y proteger los bosques nativos de cualquier avance ambiental. La jueza tomó esta decisión tras la apertura de una investigación por parte del fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, contra el ministro de Producción, Hernán Halavacs, quien también es la máxima autoridad ambiental de la provincia. Halavacs, quien tramitó el 40% de los desmontes habilitados entre 2014 y 2021, fue señalado en la denuncia presentada por la AAdAA en julio.
Niremperger justificó la medida cautelar alegando el «daño inminente e irreversible» que los desmontes podrían causar al ecosistema, especialmente en áreas protegidas. La tala de árboles no solo afectaría el ambiente global, sino que también impactaría negativamente en seres vivos locales, incluidas especies en peligro de extinción como el yaguareté. La jueza también destacó la afectación particular que los daños ambientales pueden tener en grupos vulnerables, como pueblos indígenas, niños, personas en situación de pobreza, y las mujeres.
La denuncia presentada por la AAdAA señala que Halavacs y otros funcionarios, junto con actores del sector privado, estarían involucrados en un «entramado de corrupción» que facilitó la tala indiscriminada de bosques nativos. Este entramado incluye la modificación del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) por parte de la legislatura chaqueña el 30 de abril, lo que redujo drásticamente la protección de los bosques y favoreció intereses empresariales.
Los denunciantes acusaron a Halavacs y a otros funcionarios y empresarios, incluyendo a la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, de delitos que van desde defraudación contra la Administración Pública hasta tráfico de influencias y asociación ilícita. La ONG también critica la existencia de «puertas giratorias» en el sector de bosques, donde altos cargos en el sector público alternan con posiciones en el privado, lo que genera conflictos de interés y facilita el desmonte ilegal.
La jueza Niremperger ha dispuesto que los productos que se encuentran actualmente en circulación puedan seguir vendiéndose sin modificaciones en su etiquetado, pero los nuevos productos deberán incluir una etiqueta que indique su venta libre. Esta medida busca prevenir el daño ambiental y proteger los recursos naturales en una de las regiones más vulnerables del país.
