Tensión entre el Gobierno Nacional y las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz por deudas millonarias en hospitales

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ha iniciado acciones para reclamar deudas significativas a las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz, relacionadas con el financiamiento de hospitales de administración compartida, conocidos como hospitales SAMIC.

Por Dr. Daniel Cassola

Según declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, estas provincias tienen un plazo de 15 días para regularizar su situación financiera; de lo contrario, el Ejecutivo tomará «acciones mucho más fuertes», aunque no se especificaron cuáles serían estas medidas.

El reclamo hacia la provincia de Buenos Aires asciende a aproximadamente 263 millones de dólares, destacándose una deuda de 178 millones correspondiente al Hospital El Cruce, ubicado en Florencio Varela. Por su parte, Santa Cruz enfrenta una deuda estimada en 66 millones de dólares. Estos montos, según el Gobierno Nacional, se relacionan con los costos operativos de los hospitales interjurisdiccionales que ambas provincias coadministran junto con la Nación.​

Desde la administración de Axel Kicillof en Buenos Aires, se rechazan estas acusaciones, argumentando que las deudas mencionadas corresponden a gestiones anteriores y no a la actual. Funcionarios provinciales sostienen que los fondos en cuestión fueron destinados a la expansión de infraestructura y servicios hospitalarios, lo que ha permitido una mayor cobertura sanitaria en la región. Además, enfatizan que, bajo la gestión actual, no existen deudas pendientes y acusan al Gobierno Nacional de manipular la información para responsabilizar a la provincia por situaciones ajenas a su administración.​

Es importante destacar que los hospitales SAMIC son instituciones financiadas y administradas conjuntamente por el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias o municipios donde se encuentran. En este esquema, la Nación suele aportar una parte significativa del presupuesto, mientras que las provincias contribuyen con un porcentaje menor. Sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires se argumenta que no tienen injerencia en la planificación ni en la ejecución de los presupuestos de estos hospitales, y que su participación se limita a aportes financieros específicos.​

Este conflicto se enmarca en una serie de tensiones previas entre el Gobierno Nacional y las provincias respecto a la administración y financiamiento de los hospitales nacionales. En octubre de 2024, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó la intención del Ejecutivo de transferir la gestión de los hospitales nacionales a las provincias, argumentando que «la salud es una responsabilidad local, que se hagan cargo». Esta postura generó resistencia por parte de algunos gobernadores, especialmente de Axel Kicillof, quien rechazó la propuesta y cuestionó la falta de fondos adecuados para asumir dichas responsabilidades.​

La administración de Javier Milei ha impulsado una política de descentralización en la gestión de servicios públicos, buscando que las provincias asuman mayores responsabilidades en áreas como la salud y la educación. Sin embargo, esta estrategia ha generado controversias y debates sobre la capacidad financiera y operativa de las provincias para hacerse cargo de estas competencias, especialmente en un contexto económico desafiante.​

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