El gobierno profundiza el reordenamiento del sistema sanitario nacional
El Ministerio de Salud de la Nación avanza con nuevas medidas estructurales para reorganizar el sistema sanitario argentino, según lo oficializado en los decretos 458/2025, 459/2025 y 460/2025 publicados en el Boletín Oficial.
Por Dr. Daniel Cassola
La iniciativa responde a la necesidad de “eliminar la superposición de funciones, resolver la inoperancia de algunas estructuras y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos”, tras más de dos décadas de emergencia sanitaria sin respuestas de fondo.
Desde la cartera sanitaria se comunicó que se detectaron múltiples problemas administrativos: áreas sin funciones claras, organismos sin operatividad real, y delegaciones que funcionaban solo en el papel. La intervención del Ministerio apunta a corregir estas deficiencias con medidas concretas que buscan reordenar el sistema desde su base, mediante una articulación más efectiva con las 24 jurisdicciones del país, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. Se remarcó que el objetivo no es centralizar funciones, sino acompañar técnicamente y orientar las políticas sanitarias desde un rol nacional rector.
Entre los cambios más relevantes se destaca la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo organismo descentralizado que tendrá a su cargo la administración integral de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). Estos hospitales mantendrán sus especialidades y conducción médica, pero se unificará su gestión administrativa, jurídica y financiera. Esta decisión apunta a resolver la fragmentación que dificultaba una gestión eficiente, mejorar la trazabilidad del gasto y ordenar los procesos de compras y contrataciones.
En línea con esta reorganización, el Instituto Nacional del Cáncer pasará a formar parte como unidad organizativa interna del Ministerio de Salud. Si bien su estructura se integrará al organigrama ministerial, se mantendrán sus funciones actuales y su equipo técnico. El objetivo es optimizar su coordinación con otras áreas del Ministerio y mejorar su capacidad de respuesta en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico.
Otra medida importante es la eliminación del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, un organismo creado por ley en 2015 pero que nunca se constituyó efectivamente: no se le asignó presupuesto, ni personal ni sede. Su disolución formal representa el cierre de una estructura que no había superado el plano normativo y que, por tanto, no tenía incidencia en la política sanitaria del país.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), que ya realizaba la mayoría de sus actividades dentro del Instituto Malbrán, será integrado funcionalmente a este último. Esta decisión busca concentrar las capacidades técnicas en un único organismo de referencia, fortaleciendo así la vigilancia epidemiológica frente a enfermedades transmisibles y evitando duplicidades operativas.
El plan de reordenamiento también incluye la eliminación de las Delegaciones Sanitarias Federales, estructuras que habían quedado sin funciones activas ni justificación operativa. Además, se derogó la facultad del Poder Ejecutivo para crear nuevos hospitales bajo la figura SAMIC, aunque los ya existentes seguirán funcionando normalmente bajo sus esquemas actuales de cogestión interjurisdiccional. Entre estos se encuentran hospitales clave como el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Favaloro, Bicentenario de Esteban Echeverría, y los hospitales Néstor Kirchner de Santa Cruz y de La Matanza.
Estas reformas representan, según el Ministerio, un giro hacia una lógica de gestión basada en la eficiencia, la transparencia y el orden administrativo, luego de años de expansión institucional sin planificación estratégica. “Gobernar también es tener el coraje de ordenar lo que durante años se dejó desbordar”, señalaron en un comunicado oficial desde el gobierno, dejando en claro que estas decisiones no suponen una reducción de derechos, sino una mejora en la gestión estatal.
