Human Rights Watch denunció represión en la marcha de jubilados y pidió revisar el protocolo antipiquetes

Por Redacción Curar con Opinión

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad durante las recientes marchas de jubilados realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y solicitó al Gobierno argentino una revisión del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad. Según la entidad, el operativo desplegado para contener la manifestación vulneró derechos fundamentales y constituyó un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

La movilización, realizada el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional, fue convocada por organizaciones de jubilados y pensionados que reclaman mejoras en los haberes previsionales, recomposición de ingresos y el restablecimiento de políticas de asistencia social. La protesta terminó con incidentes cuando efectivos de la Policía de la Ciudad y de Gendarmería Nacional avanzaron sobre los manifestantes para liberar el tránsito vehicular en la Avenida Callao.

Human Rights Watch emitió un comunicado oficial en el que calificó la represión como “alarmante” y denunció que se emplearon gases lacrimógenos y postas de goma contra una manifestación pacífica, en la que participaban principalmente personas mayores. En su pronunciamiento, la organización destacó que “el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, especialmente en contextos vulnerables, viola los estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de reunión y expresión”.

El organismo también cuestionó el protocolo para el mantenimiento del orden público anunciado en diciembre de 2023 por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el cual establece una intervención más inmediata y estricta de las fuerzas federales ante bloqueos de calles o interrupciones del tránsito. Según HRW, la aplicación de este marco legal está provocando una escalada en los niveles de represión y desalienta el ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos.

“La respuesta estatal no puede ser la criminalización de la protesta”, señaló Juan Papier, investigador senior para las Américas de HRW, quien además instó al Gobierno argentino a revisar urgentemente el protocolo y garantizar que los operativos de seguridad respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima intervención. También pidió la apertura de una investigación independiente sobre los hechos ocurridos durante la marcha.

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