La crisis de la salud en Argentina afecta a pacientes, prestadores de servicios médicos y compañías de medicina privada.
Por Dr. Daniel Cassola
Recientemente, la controversia se ha centrado en el congelamiento de las cuotas de la medicina privada, lo que ha llevado a una tensa relación entre el Gobierno y las Clínicas y Sanatorios nucleados en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).
El sector de la medicina privada, representado por la FAPS, ha expresado su preocupación por el congelamiento de las cuotas de las prepagas. Argumentan que el Gobierno debería implementar medidas de compensación para abordar los crecientes costos que enfrentan. Según ellos, las prepagas están pagando facturas de meses pasados, y los aumentos de las cuotas están regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) a través del Índice de Costos de la Salud, que tiene en cuenta diversos factores, como los costos de medicamentos, insumos médicos, salarios y gastos generales.
El sector de la medicina privada sostiene que no pueden mantener un congelamiento de las cuotas cuando los costos en todos los ámbitos del sector de la salud han aumentado debido a la inflación y la devaluación del peso. Esta presión económica se ha traducido en dificultades para mantener la calidad de la atención médica y pagar a sus empleados adecuadamente.
Las Demandas de FAPS
La FAPS ha presentado una serie de demandas al Gobierno para abordar sus preocupaciones y garantizar la sostenibilidad del sector de la medicina privada en Argentina:
- Prórroga del Decreto 300/2020: Solicitan una extensión de 365 días de la reducción del 100% de las contribuciones patronales a la ANSeS y del impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias (IDCB). Estas medidas ayudarían a aliviar la carga financiera de las clínicas y sanatorios.
- Ampliación de la reducción de la base imponible: Proponen ampliar la reducción de la base imponible de la contribución patronal para jubilación y salud en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil, además de automatizar las actualizaciones para reflejar los cambios económicos.
- Pago del IVA a 90 días: Solicitan que se permita el pago del IVA declarado mensualmente en un plazo de 90 días, brindando así una mayor liquidez a las empresas del sector de la salud.
- Excepción del Impuesto País y Aranceles Aduaneros: Piden que se excluya la aplicación del Impuesto País para equipamientos médicos, medicamentos e insumos médicos, lo que reduciría los costos de adquisición.
- Financiamiento para Empresas de Salud: Buscan programas de financiamiento a través de aportes no reembolsables o créditos a tasas subsidiadas, accesibles para instituciones de todos los tamaños que busquen mejorar y expandir su capacidad de atención.
La crisis de la salud en Argentina es un problema complejo que requiere una solución equitativa y sostenible para todas las partes involucradas. Mientras el Gobierno y la FAPS continúan negociando, es esencial que se aborden las preocupaciones de los prestadores de servicios médicos, ya que desempeñan un papel crucial en la atención médica del país. Un enfoque colaborativo que tenga en cuenta la estabilidad financiera de las clínicas y sanatorios, así como la accesibilidad de la atención médica para los ciudadanos, es esencial para encontrar una solución duradera a esta crisis de la salud en Argentina.
