Los adultos mayores y el ajuste: ¿Qué va a pasar con las jubilaciones?
El gobierno nacional busca derogar la ley de movilidad jubilatoria. El pago de bonos está asegurado solo hasta diciembre. La única prioridad es el balance de las cuentas fiscales.
Por Dr. Daniel Cassola
El ministro de Economía Luis Caputo anunció ayer un paquete de medidas de ajuste con el propósito de equilibrar las cuentas fiscales. Esto incluye recortes de subsidios, la paralización casi total de la obra pública, devaluación y ajuste de la estructura estatal. Además, prometió compensaciones para quienes cobran algunos planes sociales.
Con el correr de las horas se comenzó a hablar de los jubilados, que no fueron aludidos por el ministro. El gobierno estaría buscando proponer una reforma significativa: la modificación de la fórmula de movilidad que rige la actualización trimestral de jubilaciones y prestaciones sociales. Este cambio pretende reemplazar el método actual por un esquema de incrementos mediante decretos.
La propuesta gubernamental, que necesitaría la aprobación del Congreso, cuestiona la eficacia de la fórmula vigente, argumentando que no garantiza la estabilidad de las cuentas públicas. En lugar de seguir un índice predefinido, se propone otorgar aumentos de manera discrecional, basándose en criterios propios del Poder Ejecutivo. Esta medida afectaría directamente a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
La actual Ley de Movilidad Previsional, vigente desde 2021, establece un porcentaje de incremento trimestral basado en la variación de un índice compuesto por el 50% del aumento trimestral de la recaudación de la ANSES por beneficiario y el 50% de la variación de los salarios. Sin embargo, la persistente inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los jubilados.
Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, ha expresado su preocupación y críticas hacia estas medidas. En particular, señala que los bonos otorgados a los jubilados son considerados «pagos en negro» y advierte sobre la caída del poder adquisitivo de los jubilados, especialmente después de la devaluación aplicada. Semino aboga por soluciones más urgentes y propone la utilización del fondo de garantía en sustentabilidad para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios.
La eliminación de la fórmula de movilidad también ha suscitado inquietudes en cuanto a la situación de los jubilados, considerándola una crisis humanitaria. La reducción de subsidios al transporte agrava la movilidad de los adultos mayores, muchos de los cuales deben hacer una verdadera peregrinación para acceder a servicios médicos.
En este contexto, Semino destaca la necesidad de considerar seriamente las consecuencias de estas medidas, recordando que la suspensión previa de la fórmula de movilidad resultó en reajustes a la baja respecto a la inflación. Con casi 8 millones de personas en Argentina bajo la línea de indigencia, la discusión sobre la movilidad de las jubilaciones adquiere una relevancia crucial para el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad.
