Por Redacción Curar con Opinión
En una nueva jornada de paro por parte del personal del Hospital Garrahan, el Gobierno nacional cuestionó con dureza la legitimidad de la medida de fuerza y apuntó contra los dirigentes gremiales que impulsan la protesta. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la huelga responde a “una decisión de pocos privilegiados sindicales” y negó que la situación salarial del personal de salud del centro pediátrico esté en crisis.
Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni afirmó que el conflicto en el Garrahan tiene un trasfondo político y no estrictamente laboral. “Es un paro de pocos privilegiados sindicales que no responde a los intereses reales de quienes trabajan en el hospital ni de quienes se atienden allí”, remarcó. Según el portavoz, el hospital funciona con normalidad y se ha garantizado la atención a los pacientes en todos los servicios esenciales.
El paro, que fue convocado por trabajadores organizados en distintas agrupaciones gremiales, reclama mejoras salariales y condiciones laborales, en el marco de una escalada inflacionaria que, según denuncian, ha deteriorado considerablemente el poder adquisitivo del personal. Sin embargo, desde el Gobierno desestimaron estos argumentos y sostuvieron que los salarios del Garrahan están por encima del promedio del sector.
“Muchos de los que hoy reclaman tienen ingresos significativamente altos en comparación con el resto del sistema de salud. No se trata de una situación de precariedad, como se intenta instalar”, indicó Adorni. A su vez, criticó lo que definió como una utilización política del hospital y pidió “responsabilidad” a quienes promueven medidas que afectan el normal funcionamiento de un centro de alta complejidad que atiende casos de todo el país.
En ese sentido, el vocero destacó que el Ministerio de Capital Humano y las autoridades del hospital mantienen canales abiertos de diálogo con los trabajadores, pero insistió en que la medida de fuerza “no representa al conjunto del personal” y que la voluntad del Gobierno es garantizar la atención médica, “por encima de cualquier disputa sindical”.
