Según denuncian la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) y la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal (CATR), más del 40% de los pacientes en tratamiento de diálisis podrían quedarse sin acceso a su terapia debido a una deuda multimillonaria y la falta de actualización de los valores que paga el Ministerio de Salud provincial.

Por Dr. Daniel Cassola

El dato es contundente: 4.342 personas, que representan el 44% del total de pacientes en tratamiento de diálisis en la provincia, dependen exclusivamente del sistema público provincial para acceder a esta terapia vital. Todos ellos están actualmente en riesgo, porque según datos actualizados del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) al 6 de julio de 2025 dependen de la provincia para acceder a su tratamiento.

Según denuncian ARD y CATR en un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud bonaerense mantiene una deuda acumulada de más de 18.000 millones de pesos con los centros prestadores de servicios de diálisis, tanto por las prestaciones habituales como por aquellas enmarcadas en el Programa Incluir Salud. Esta situación impacta directamente en el funcionamiento de casi 200 centros de atención, muchos de los cuales ya “no pueden aceptar nuevos pacientes ni garantizar los traslados necesarios”.

Uno de los principales factores que agrava esta crisis es la falta de actualización en los valores de las prestaciones. “El sistema está colapsando. No solo no hay pago, sino que los valores que se nos abonan están desactualizados desde hace un año. No se puede sostener la atención médica con precios congelados y pagos demorados”, expresó el Dr. Alfredo Casaliba, presidente de la ARD.

Hasta julio de 2024, los valores de las prestaciones eran pactados con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y luego trasladados al Ministerio de Salud provincial. Sin embargo, desde entonces, las autoridades sanitarias dejaron de reconocer esos acuerdos. “Tuvimos decenas de reuniones. El Ministerio no solo no responde, directamente dejó de contestar nuestros mensajes. Así no se puede seguir. Los costos se duplicaron, pero el valor del módulo sigue congelado desde hace más de un año”, denunció Casaliba.

La situación ha dejado a muchos centros en una posición económica insostenible. Los gastos derivados de insumos, la mayoría de ellos importados, el mantenimiento de equipos de alta complejidad, el pago de salarios del personal especializado y los costos de infraestructura no se condicen con los valores que actualmente reconoce el Estado provincial. Como resultado, varios establecimientos ya han advertido que no podrán seguir prestando servicios por tiempo indefinido.

La Dra. Alicia Canga, presidenta de la CATR, fue categórica: “Es urgente que las autoridades tomen conciencia del riesgo sanitario que están generando. Estamos hablando de un tratamiento vital. Sin diálisis, no hay posibilidad de vivir. No es solo una cuestión económica: son miles de vidas las que están en juego”.

Pese a la gravedad del escenario, tanto la ARD como la CATR mantienen su voluntad de diálogo y su disposición a trabajar junto con las autoridades provinciales para encontrar una solución que permita garantizar la atención de los pacientes.

“Seguimos prestando servicios con un enorme esfuerzo y compromiso profesional, pero la situación ya no es viable. Estamos en el límite”, insistió Casaliba. Las entidades sostienen que la única salida posible es una actualización inmediata de los valores reconocidos por las prestaciones y un plan concreto para regularizar la deuda existente.

La hemodiálisis es una terapia que debe realizarse de forma regular —habitualmente tres veces por semana— para sustituir la función de los riñones y evitar complicaciones graves que pueden llevar a la muerte. La interrupción, aunque sea temporal, del servicio podría tener consecuencias fatales.

La ARD y la CATR insisten en que no se trata de una demanda corporativa o sectorial, sino de una emergencia humanitaria. Miles de personas, en su mayoría en condiciones de vulnerabilidad social y económica, dependen de que se restablezca el flujo de pagos y se actualicen los valores para seguir recibiendo una terapia que les permite vivir.