El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental N° 26.657, vigente desde 2010, con el objetivo de actualizar el marco normativo y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a situaciones críticas.
Por Dr. Daniel Cassola
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que la iniciativa será presentada en los próximos días. Aunque no se difundió el texto completo, fuentes del Ministerio de Salud indicaron que la propuesta apunta a “clarificar conceptos y criterios” y adaptarlos a las necesidades actuales.
Uno de los cambios centrales del proyecto es la modificación del régimen de internaciones. La iniciativa prevé habilitar internaciones involuntarias como recurso excepcional en situaciones de urgencia. En esos casos, el médico psiquiatra podrá indicar la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, se propone extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial.
El proyecto también contempla que, en internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evalúe su capacidad de decisión. En caso de detectarse una alteración, la internación podría pasar a ser involuntaria, con intervención de la justicia.
Otro punto relevante es el cambio de criterio para definir las intervenciones. La nueva redacción introduce el concepto de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando variables como el contexto y los antecedentes, con el objetivo de permitir respuestas más oportunas.
En relación con la organización del sistema, el Gobierno plantea la necesidad de fortalecer una red de atención por niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos comunitarios y residencias asistidas. Esta propuesta busca responder a las dificultades derivadas del cierre de instituciones monovalentes y a la heterogeneidad en la implementación de la ley en las distintas jurisdicciones.
Según el relevamiento oficial, solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa vigente, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención. La reforma apunta a garantizar una cobertura más equitativa en todo el país.
El proyecto también propone reemplazar el término “padecimiento mental” por la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10 y posteriores), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento.
En el plano institucional, se prevé ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión e incorporar áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental y la SEDRONAR, con el fin de fortalecer los mecanismos de supervisión.
La iniciativa generó reacciones en distintos sectores. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó su apoyo a la reforma y señaló que la ley vigente presenta limitaciones. En la misma línea, el ministro de Salud Mario Lugones sostuvo que los cambios buscan facilitar intervenciones más tempranas y mejorar el acceso a tratamientos.
