Camino de sirga y aborto no punible

No es el único fallo de la Corte Suprema de Justicia que el gobierno de la Ciudad ha decidido no cumplir. En 2008, el máximo tribunal ordenó a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y al distrito gobernado por Mauricio Macri aplicar un programa de políticas públicas relativas al denominado Camino de Sirga, con el objetivo de sanear integralmente la Cuenca Matanza-Riachuelo. A pesar de que la sentencia era obligatoria, el gobierno porteño ha venido incumpliendo con la relocalización de los habitantes y con los plazos establecidos. A esto se suma que no ha habido un compromiso explícito por parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para dar respuesta a las necesidades de infraestructura básica que deberían tener las viviendas que ocupen las personas desalojadas. Son alrededor de 1000 familias de la Villa 21/24 las que deberían ser relocalizadas. Tampoco fueron realizados los aportes previstos para el presupuesto de la ACUMAR, la autoridad de ejecución del programa. A su vez, no ha habido avances en cuanto a la fiscalización y control de la contaminación, ya que alrededor de 300 empresas situadas en la Ciudad que operan en las márgenes no presentaron el Plan de Reconversión Industrial. El acceso a la información pública también brilla por su ausencia, denunciaron diputados de la oposición. Pero la Ciudad también ha enfrentado a la Corte en cuanto a la disposición de las condiciones bajo las cuales se deben llevar a cabo los procedimientos de aborto no punible en los hospitales públicos. A pesar de que la Corte ordenó la práctica a nivel nacional, el Ministerio de Salud porteño diseñó un protocolo que no respeta las prerrogativas quefijaron los Supremos para respetar las condiciones que la ley manda en el tratamiento de las mujeres que deben someterse a un aborto no punible.
TIEMPO ARGENTINO – ARGENTINA