El ajuste en la salud: no todo es lo mismo

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Por Dr. Daniel Cassola

La Justicia Federal de San Martín frenó el aumento de luz en una clínica privada de la zona que presentó un reclamo luego de que la cuenta de la luz trepe desde los 50 mil a los 300 mil pesos. La jueza Martina Isabel Forns dispuso que Edenor devuelva los montos extras cobrados y ordenó que no se le cobren subas al menos por tres meses.

La institución que logró revertir el ajuste tarifario es el Hospital Privado Nuestra Señora de La Merced, de Martín Coronado. En su resolución la jueza consideró que los aumentos aplicados tienen carácter “desproporcionados, exorbitantes y fuera de la realidad económica actual”. También sostuvo que otro factor que pesó en su decisión es que no hay ningún tipo de libertad por parte del usuario ya que se trata de un servicio público de carácter monopólico. Por último, lo que nos parece más importante, es que consideró que la clínica “por ser una institución médica merece una protección especial”.

Contra el espíritu de esta decisión judicial, el ministro de Energía Juan José Aranguren advirtió ayer en conferencia de prensa que los amparos y las medidas cautelares contra los aumentos en las tarifas van a ser apelados por el gobierno. Seguramente distintas ramas de la economía estén en la misma situación pero, al menos para el sector de la salud, se trata de una estrategia desafortunada.

Una institución médica brinda un servicio que es esencial para los hombres, de hecho la salud es un derecho humano, y el acceso que hoy se tiene en la Argentina no es el mejor, o es al menos perfectible. Por lo tanto, si imponer una medida que puede tener fundamentos lógicos como el aumento de tarifas, que el gobierno llama “sinceramiento”, redunda en el cierre de instituciones de salud, hay que rever esa medida.

No solo por los servicios que brinda una institución de salud es importante. Se trata de empresas, ya sean públicas o privadas, que trabajan con mano de obra intensiva. Miles de familias dependen de que las instituciones de salud sigan generando puestos de trabajo. Y si hay cada vez menos prestadores de salud en la provincia, la demanda de atención se va a dirigir al sistema público, que como todos sabemos, ni siquiera puede hacer frente a los problemas que tienen hoy.

Estamos frente a un gobierno “joven”, que todavía no alcanzó a cumplir los seis meses en el ejercicio del poder. Tratar de imponer las medidas y los aumentos a costa de todo es una estrategia temeraria. Como estableció la Justicia, en ciertas oportunidades, las instituciones de salud merecen una protección especial.

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