El gobierno deroga un programa de salud para presos tras 13 años de vigencia
Por Redacción Curar con Opinión
El gobierno nacional oficializó la derogación del Programa de Salud en Contextos de Encierro, una iniciativa creada en 2012 para mejorar el acceso a la salud de personas detenidas en establecimientos penitenciarios. La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 2/2025 del Ministerio de Salud, firmada por el titular de la cartera, Mario Lugones.
Según los argumentos esgrimidos desde el Ejecutivo, «las provincias ya disponen de sistemas organizados para atender las necesidades sanitarias en contextos de encierro», y además, «no se pueden mostrar beneficios basados en evidencia sobre la salud de las personas privadas de la libertad en unidades de detención».
El programa, creado hace 13 años, tenía como objetivo principal mejorar la calidad del acceso a la salud de las personas en contextos de encierro mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales. A través de la articulación con los ministerios provinciales responsables de los establecimientos penitenciarios, se buscaba implementar acciones conjuntas que priorizaran la promoción, prevención y tratamiento para el cuidado integral de la salud de las personas privadas de su libertad.
En el texto de la resolución, el Gobierno repasó los fundamentos del programa, destacando que se enfocaba en «fortalecer los sistemas sanitarios de las unidades de detención, fomentando el armado de redes de atención intramuros y extramuros». Además, promovía «estrategias de promoción, prevención y tratamiento para el cuidado integral de la salud de las personas privadas de la libertad». Estas acciones se implementaban en colaboración con las autoridades penitenciarias y sanitarias de cada jurisdicción.
No obstante, el Gobierno justificó la derogación señalando que la descentralización de los sistemas sanitarios en las provincias permite que estas gestionen de manera independiente los servicios de salud en los establecimientos penitenciarios. Asimismo, argumentó que «no se cuenta con evidencia concluyente que respalde los beneficios concretos del programa en la mejora de los indicadores de salud de las personas privadas de la libertad».
