El Gobierno reglamentó el nuevo régimen de pensiones por discapacidad tras un fallo judicial
Por Redacción Curar con Opinión
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y estableció así el marco operativo para la implementación del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. La decisión se tomó luego de un fallo judicial que ordenó la entrada en vigencia inmediata de la norma y fijó como plazo límite el 4 de febrero para su aplicación plena.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, surge tras la resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y obligó al Poder Ejecutivo a reglamentarla. La norma había sido sancionada por el Congreso en septiembre del año pasado y vetada inicialmente por el Gobierno por razones presupuestarias, aunque posteriormente fue promulgada tras la insistencia de la Cámara de Diputados.
Con la reglamentación, el Ejecutivo definió los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, los procedimientos de evaluación socioeconómica y las incompatibilidades con otras prestaciones. La implementación quedará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud, y tendrá la responsabilidad de establecer controles y mecanismos de fiscalización.
El decreto dispone además que la Secretaría deberá convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar, en un plazo máximo de 30 días, un plan de auditorías periódicas. También se prevé la articulación con el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de garantizar la participación de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes al nuevo esquema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Para ello, la Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones existentes.
El texto reconoce las limitaciones fiscales y establece que la implementación deberá ajustarse a los recursos disponibles. A su vez, aclara que el dictado del decreto no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni desistir de la disputa legal. La norma rige desde el momento de su publicación.
