En las tomas de tierras avanza la ilegalidad

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Ya hay diez causas penales por la última toma frente al barrio Papa Francisco, en Lugano.

Por Dr. Daniel Cassola

Todos tenemos el derecho a una vivienda digna y adecuada, según consta en la Declaración Universal de los derechos humanos de la ONU. Ahora bien, en los últimos años Argentina ha experimentado un fenómeno relacionado a la falta de vivienda cuya extensión resulta preocupante.

Nos referimos a las tomas de tierras. Hace algunos años fue célebre la toma del predio Indoamericano en el sur de la Ciudad. Recientemente la ocupación de un predio en Lugano durante seis meses también suscitó la atención de todos. Si bien estos fueron los casos más resonantes, es un fenómeno que lamentablemente se registra en muchos puntos del país.

Generalmente se produce en las afueras de los centros urbanos y los acampes o usurpaciones se dan en terrenos fiscales que no están en uso. Pueden ser lotes del ferrocarril, como en la histórica villa 31 o parques públicos, como en Lugano.

Lo cierto es que las usurpaciones lejos están de cumplir con el derecho a la vivienda digna que toda persona merece. Todo lo contrario, tienen que ver con el avance de la ilegalidad y con la ausencia del Estado.

Tomemos por caso la última ocupación en Lugano, junto al barrio Papa Francisco. La toma se extendió por seis meses, desde febrero a agosto de este año. Por lo ocurrido durante ese lapso ya hay diez causas judiciales en la Justicia porteña.

En primer lugar, la Justicia tiene probado que la usurpación fue organizada por punteros políticos que tenían planeado lotear el terreno y vender parcelas por valores que van desde los 8 mil a los 25 mil pesos.

En segundo lugar las 10 causas penales están originadas en 10 delitos distintos, que dan cuenta que con las usurpaciones lo que se registra es un fenomenal avance de la criminalidad.

En la actualidad se está investigando un homicidio ocurrido en la noche en la que se produjo la toma. La segunda causa tiene investigados a varios punteros de la zona y es por usurpación.

En la tercera investigación se busca esclarecer por qué una mujer embarazada perdió a su bebé durante un tiroteo entre dos grupos narcos en el marco de la toma. Además hay denuncias por lesiones, abuso sexual, secuestro extorsivo, asociación ilícita y venta de drogas. Todos estos hechos que se investigan se produjeron durante estos seis meses en el predio usurpado.

La última denuncia tiene que ver con lavado de dinero, porque se sospecha que se iba a intentar lavar plata del narcotráfico en la venta de las parcelas.

Este caso testigo es uno de los más notorios. Pero hay muchos más, de menor difusión. Por ejemplo, vecinos de Pinamar están preocupados por las tomas de tierras en la ciudad balnearia, y su posible impacto sobre el turismo, principal actividad económica de la región.

Como conclusión decimos que no se puede permitir que bajo el pretexto de un derecho humano genuino continúe avanzando la ilegalidad.

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