¿Hace falta crear un fuero de salud en la justicia argentina?
La creciente cantidad de conflictos sanitarios que terminan en los tribunales volvió a instalar una pregunta que desde hace algunos años circula: ¿Argentina necesita una Justicia especializada en salud? Los últimos datos sobre judicialización, un proyecto presentado en la provincia de Buenos Aires y nuevas propuestas del sector reactivaron el debate.
Por Dr. Daniel Cassola
La dimensión del fenómeno aparece reflejada en las estadísticas del fuero Civil y Comercial Federal. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron 7.523 causas y 4.990 fueron amparos relacionados con salud. Es decir, el 66% de los nuevos expedientes correspondió a reclamos contra obras sociales o empresas de medicina prepaga. Fuentes judiciales indicaron que para agosto la proporción rondaba el 70%, mientras que en 2025 se ubicaba cerca del 45%.
Detrás de esos expedientes aparecen problemas muy diferentes: continuidad de la cobertura después de la jubilación, medicamentos de alto costo, tratamientos, internaciones, cuidadores y otras prestaciones que requieren, en muchos casos, decisiones judiciales rápidas. Actualmente, esa demanda se concentra en una estructura que también debe resolver materias civiles y comerciales ajenas a la salud.
Jueces especializados para conflictos cada vez más complejos
La discusión adquirió nuevo impulso durante una jornada organizada por la Fundación de Estudios para la Salud (FESAL) y el Colegio de Abogados de San Martín. Allí se planteó que los litigios sanitarios combinan derecho, medicina, bioética, evidencia científica, nuevas tecnologías y medicamentos de elevado costo, por lo que una mayor especialización podría aportar herramientas específicas para resolverlos.
La idea tiene un antecedente concreto. En 2024 se presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para crear Juzgados de Salud de primera instancia, con magistrados formados en derecho sanitario, bioética y medicina legal. Tendrían competencia sobre negativas o demoras injustificadas de prestaciones, conflictos con obras sociales, prepagas, prestadores y organismos estatales, además de determinadas cuestiones relacionadas con investigación biomédica y tecnologías sanitarias.
El proyecto también propone procedimientos con plazos breves y audiencias destinadas a buscar soluciones mediante mediación o conciliación. La finalidad declarada es acelerar las respuestas y, al mismo tiempo, descomprimir los fueros que actualmente reciben estos expedientes.
La especialización, además, podría incluir cuerpos técnicos capaces de aportar rápidamente información médica y científica cuando los jueces deben decidir sobre tratamientos o tecnologías complejas. Esta posibilidad fue uno de los puntos planteados en el debate realizado en San Martín.
Un fuero especializado no resolvería por sí solo la judicialización
La cantidad de amparos, sin embargo, también puede interpretarse como la manifestación judicial de problemas que comienzan fuera de los tribunales. Entre ellos aparecen la fragmentación del sistema sanitario, las controversias sobre qué prestaciones deben cubrirse, el incremento del costo de algunas tecnologías y las dificultades para establecer criterios comunes entre financiadores, prestadores y pacientes.
En paralelo a la propuesta de especialización judicial surgieron mecanismos destinados a evitar que todos los conflictos lleguen a juicio. Uno de ellos es el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una instancia optativa entre usuarios, obras sociales y prepagas. Datos oficiales difundidos en septiembre indican que el mecanismo logró resolver mediante acuerdos una proporción relevante de los casos y cuenta con casi 2.000 mediadores en el país.
Con casi siete de cada diez nuevas causas del fuero Civil y Comercial Federal vinculadas con la salud durante el primer semestre de 2026, el debate dejó de ser exclusivamente teórico.
