Por Redacción Curar con Opinión
Casi dos años después de la aprobación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, se ha alcanzado un avance del 63,3% en los aspectos normativos necesarios para su implementación. A pesar de este progreso, la falta de adhesión de solo siete provincias está afectando áreas cruciales como la regulación de entornos escolares y las compras públicas en cada jurisdicción.
Estos datos han sido revelados por el Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina, una herramienta desarrollada conjuntamente por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar. La presentación tuvo lugar en la apertura del 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, evento que se extiende durante miércoles y jueves en la Ciudad de Buenos Aires.
Este congreso tiene como objetivo principal analizar los avances y desafíos que presenta la Ley de Etiquetado Frontal. El evento reúne a destacados representantes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil que desempeñaron un papel fundamental en la promulgación de la ley en Argentina. También participan voceros de comedores comunitarios y organizaciones socioambientales, junto con representantes de organismos internacionales como Unicef y de países que ya cuentan con leyes de etiquetado frontal, como Chile, México, Perú, Colombia y Uruguay.
La nutricionista Florencia Guma, co-fundadora de la Fundación Sanar, explicó a Télam que el índice desarrollado en el mapa normativo abarca tanto las competencias a nivel nacional como las provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a los aspectos normativos de la ley. El avance general de las regulaciones necesarias para implementar el Etiquetado Frontal alcanza el 63,3%. Esta herramienta ofrece una visión holística de cómo se están adoptando y adaptando las regulaciones en diferentes jurisdicciones del país.
