Por Redacción Curar con Opinión
El legislador porteño Roberto García Moritán presentó un proyecto de ley que pretende establecer un arancel para las personas que no residan la Ciudad de Buenos Aires y utilicen los servicios de educativos y sanitarios del distrito.
De acuerdo a la iniciativa presentada, serían las administraciones de las provincias las que afrontarían esos costos. El proyecto, llamado «Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional», ya ingresó en la Legislatura y plantea la creación en la Capital de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional para que actúe entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, y que abarque al sistema de salud y de educación.
La iniciativa prevé que “los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud, o al órgano que este designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico, y el costo que conlleva según el nomenclador de prestaciones”.
La iniciativa también determina la forma en que se notificarían esas deudas a cada jurisdicción. “Mensualmente se remitirán los gastos a la administración de la provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”, aclara el texto propulsado por legisladores que integran Juntos por el Cambio.
El proyecto también especifica cómo deberá ser esa compensación para el caso de la educación. Allí consigna que los padres y tutores que tengan hijos o niños tutelados domiciliados fuera de la Ciudad, y que los inscriban en el sistema de educación pública capitalino, tendrían que registrarse primero en una página web, con la que la administración porteña evaluaría la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes.
“La idea es un sinceramiento por parte de la oposición política, que fuerza a transparentar la posición del propio Gobierno porteño. Los servicios de salud y de educación deben fortalecerse y esto es todo lo contrario”, señaló Gabriel Brener, especialista en gestión de sistemas educativos. Por su parte María José Luzuriaga, experta en políticas de salud, afirmó que el proyecto “se sustenta en falacias, como la idea de que existe un uso abusivo de quienes no viven en CABA”.
El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también cuestionó el proyecto presentado por legisladores porteños de Republicanos Unidos que busca que se les cobre por servicios de salud y educación a las personas que no tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Dijo que “además de no pensar en la integración y la solidaridad que debe tener el sistema” tampoco se piensa “en la economía de las y los habitantes de CABA”.
