Fuente:El Sol Online
La investigación por el cobro irregular de matrículas tendrá un nuevo capítulo hoy, cuando las autoridades del Ministerio de Salud y la fiscal especial, Claudia Ríos, den a conocer varios detalles de la investigación que se está realizando, la cual desembocará, inminentemente, en la imputación de las cuatro personas involucradas que habrían estafado al Estado por una suma cercana al millón de pesos.
La situación de los señalados como autores de un nuevo caso de corrupción comenzó a agravarse el viernes por la tarde, cuando Ríos arribó a la Casa de Gobierno para inspeccionar el lugar y hacerse de la documentación correspondiente para avanzar con el caso.
A partir de entonces, la información recolectada por la fiscal especial y personal de Investigaciones y del Poder Judicial comenzó a confirmar lo que tanto se temía en el Ministerio de Salud: las irregularidades en el cobro de matrículas pudieron comprobarse y, en consecuencia, la documentación secuestrada permitiría demostrar la existencia del delito de estafa perpetuado por los empleados que se desenvolvían en la oficina de Matriculaciones y Certificaciones.
En principio, quienes están llevando adelante la investigación entienden que todas las personas que trabajaban en la dependencia estarían involucradas, mientras que descartan la participación de los empleados de otras reparticiones. El razonamiento se desprende de las pequeñas dimensiones que tiene la oficina que está siendo investigada, en la cual resultaría imposible que un solo empleado cometiera un ilícito sin que sus compañeros lo notaran.
Si bien los cuatro acusados (tres de ellos en planta permanente y uno contratado) llevaban cuatro años trabajando en Matriculaciones, las dudas sobre el funcionamiento de la dependencia surgieron el miércoles de la semana pasada, cuando un empleado del Ministerio se acercó hasta el quinto piso de la Casa de Gobierno para realizar una consulta por un trámite realizado en la oficina, ahora clausurada bajo llave.
En ese momento saltó a la luz la existencia de una factura, aparentemente falsa, por lo que se decidió abrir una investigación para determinar si, efectivamente, se había cometido un delito. Aparentemente, cuando los profesionales y no profesionales acudían a tramitar o renovar su matrícula se les recibía la documentación, pero, contrariamente a lo que establece el sistema, no eran enviados a abonar el monto correspondiente a la oficina de Tesorería, sino que se les cobraba en el mismo lugar. Ahí mismo se les entregaba una factura falsa como comprobante de pago, lo que hacía que los estafados no cayeran en la cuenta sobre lo que estaba sucediendo en el lugar.
A partir de eso, la oficina de Matriculaciones fue cerrada con llave; se hizo un copia de seguridad de la información que contenían las computadoras del lugar, se inicio una auditoría a cargo de las autoridades de Salud y se pidió la intervención de Delitos Complejos y de la Fiscalía del Estado, todo por orden de del ministro Carlos Díaz Russo, quien deberá presentarse mañana en la Legislatura Provincial para explicar lo sucedido. La `invitación` fue impulsada por el bloque de senadores de la UCR y también apunta a que el funcionario se explaye sobre otros aspectos de su gestión.
Ahora será la fiscal Claudia Ríos la encargada de determinar qué delito se les imputa a los acusados, aunque todo indica que la causa sería caratulada como delito de `estafa` o `fraude`. No obstante, las primeras informaciones indican que ya se habrían analizado cerca de 200 facturas, por lo tanto, no se descarta que el monto de lo sustraído se vaya incrementando a medida que avance la investigación. Por lo tanto, si se comprueba esta situación, el Ministerio de Salud se encontraría ante un verdadero escándalo.
Investigación
La fiscal especial Claudia Ríos realizó una inspección que complicó la situación de los involucrados en el caso. Se trataría de una estafa millonaria.
