Por Redacción Curar con Opinión

Un reciente relevamiento puso de manifiesto las enormes dificultades que enfrentan madres y padres de niños pequeños para acceder a leches medicamentosas, esenciales para tratar trastornos funcionales gastrointestinales y otras condiciones de salud. A pesar de la existencia de una ley nacional que garantiza su cobertura al cien por ciento, seis de cada diez cuidadores terminan por desistir en su reclamo debido a trabas administrativas, desigualdades estructurales y el gran desgaste emocional que implica el proceso.

El informe, realizado por la consultora IPSOS entre julio y septiembre de 2024, entrevistó a 305 cuidadores de niños de hasta dos años y a 150 profesionales de la salud en diversas ciudades del país. Los resultados revelaron que el acceso efectivo a estas fórmulas especiales es sumamente desigual. Aunque existe un marco legal que obliga a obras sociales y prepagas a cubrirlas cuando son prescriptas, en la práctica los trámites son complejos, las respuestas son arbitrarias y muchas veces dependen más de la insistencia de las familias que del cumplimiento de la normativa vigente.

En el caso de trastornos funcionales gastrointestinales, como cólicos, regurgitación o estreñimiento, algunos pediatras reconocen directamente evitar la prescripción de determinadas marcas de fórmulas, conscientes de que las obras sociales suelen no cubrirlas, vulnerando así el derecho a la salud de los pacientes. Además, cerca del treinta por ciento de los cuidadores no logra obtener el cien por ciento de cobertura que establece la ley, una situación que se agrava en el interior del país y entre sectores de bajos ingresos.

Las dificultades para acceder a las leches especiales son tan grandes que muchas madres deben trasladarse decenas de kilómetros varias veces al mes para retirar una fórmula, enfrentándose al riesgo de llegar y no encontrar el producto disponible. Esta carga de tiempo, dinero y esfuerzo impacta directamente en la calidad de vida de las familias. A pesar de que siete de cada diez familias que reclaman por vía legal logran finalmente acceder a la cobertura, el desconocimiento de sus derechos y el agotamiento que genera el proceso lleva a que muchas acepten respuestas parciales o abandonen sus reclamos.