El uso de agroquímicos en campos aledaños a zonas urbanizadas y escuelas rurales causó alarma entre los organismos no gubernamentales. La omisión por parte del Estado Nacional y de las provincias en el avance de una clasificación más exhaustiva de las sustancias según su toxicidad preocupa a los especialistas.

Me parece que en el tema del uso de los agroquímicos en Argentina hay cuestiones omisivas por parte del Estado Nacional y provincial, como la falta de control y de reglamentación adecuada que exija el cumplimiento de determinadas normas ambientales», enfatizó el abogado Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Luego agregó que «desde los distintos enfoques que hemos abordado a nuestras investigaciones vemos que el uso de los agroquímicos a los largo de los años ha traído consecuencias sociales y ha cambiado el modo de producción. El tema de los efectos en la salud humana por el uso de estas sustancias, principalmente en áreas aledañas a campos de cultivo como son las escuelas rurales, también es preocupante en cuanto a sus consecuencias». Al respecto la médica pediatra Ana Luisa Linares, explicó que «La exposición a agroquímicos implica un riesgo para la población pero principalmente para las embarazadas, que los pueden transmitir a través de la placenta, y en los chicos, que cuentan con un metabolismo con una capacidad más limitada para descomponer la toxicidad en su organismo. Esto puede generar efectos negativos en el feto y provocar enfermedades en los chicos». En las últimas décadas, la modernización de la agricultura y el incremento de las producciones, tanto en extensión cultivada como en volumen, han ido acompañadas de un incremento en el uso de plaguicidas y fertilizantes. Así, nombres como el Glifosato, un herbicida utilizado para eliminar maleza, y el Endosulfan, un potente insecticida, se han vuelto más comunes en la lista de agroquímicos señalados por su toxicidad y por los efectos que han ocasionado en la salud de las poblaciones aledañas. Como ejemplo, en casi toda Europa, exceptuando España y Rumania, existen legislaciones que prohíben el uso de Glifosato en cultivos y la ONU ha recomendado prohibir el uso del Endosulfan por su alta toxicidad.

En febrero de 2012, Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de su área de derechos sociales, presentó el ´Informe Especial sobre Agroquímicos y discapacidad´, que estudiaba la relación entre la exposición de los insecticidas y herbicidas utilizados en la Argentina y sus consecuencias en la salud. En el texto se subrayó que «resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales, la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos». Aunque focalizado exclusivamente a la problemática de la discapacidad, en el informe se hicieron recomendaciones relacionadas a la regulación de uso de químicos agrícolas a varias entidades gubemamentales. Una de ellas, la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA) que fue creada en 2009 por iniciativa presidencial, se le pidió que se hicieran investigaciones más frecuentemente. Por otra parte, en el informe también se pedía al Ministerio de Salud que tomará medidas preventivas y eficaces que garanticen el bienestar de la población en riesgo. Además, se cuestionaba al SENASA por otorgar un permiso de importación y comercialización de productos elaborados con Endosolfán, a pesar de que en 2010 se haya comprobado las graves consecuencias del químico para la salud humana. Actualmente en el país hay más de 12 millones de argentinos que conviven cotidianamente con las consecuencias de los agrotóxicos, y el número aumenta a medida de que avanza la frontera agrícola. «Luego de presentar la recomendación, no nos dieron una respuesta satisfactoria sobre el tema y la comisión nacional está parada en el tiempo», subrayó  la abogada Cecilia Pazos, coordinadora del informe sobre discapacidad presentado por la Defensoría. Como Estado firmante de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adhesión que se ratificó en el 2008 mediante la ley 26.378, la Argentina «tienen que resguardar y prevenir la aparición de discapacidades conocidas o nuevas», destacó Pazos. Luego agregó que «en función de eso y de los viajes que se hicieron con organizaciones gubernamentales que trabajaron con nosotros en Chaco, Formosa, Salta, Corrientes y Misiones se tomaron contactos con la red de médicos de pueblos fumigados, con la Comisión de Contaminantes de Agua del Chaco que participaban y también en el Ministerio de Salud de la Nación. El cruce de información provocó que surgiera estadística médica de la cantidad de chicos con malformaciones en un plazo de 10 años y que vivían en pueblos fumigados». Del informe se desprende la carencia de un registro único de personas con discapacidades que pudiera facilitar la adopción de medidas ambientales para asistirlos ya que la mayoría se encuentra en una situación vinculada a la pobreza.

«En los temas ambientales existe la tendencia de responsabilizar al Estado Nacional, que tiene responsabilidades importantes en la cuestión pero hay otro elemento complicado que es la jurídicción de las competencias provinciales», subrayó el Dr. Esber. En los últimos años, temas concretos como la minería, los glaciares y la tala de bosques se han discutido hasta dónde podría intervenir el Estado en la utilización y preservación de los recursos de naturales de cada provincia. «Los estados provinciales, en materia ambiental tienen el rol de policía, que tiene que ejercer el control sobre su territorio. Pero lo que sucede hoy en día es que lo hacen mal o directamente no cumple la ley como es el caso de la provincia de Córdoba con la empresa Monsanto», se lamentó el director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La Prensa.-