Hace poco más de un año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo sobre la no punibilidad del aborto en casos de violación y la no judicialización de tales. Si bien en Catamarca, día a día se incrementan las denuncias por abusos sexuales, que en muchos casos terminan en embarazos, el tema del aborto no punible pareciera que quedó cajoneado.

El 23 de abril de 2012, en el Círculo Médico Catamarca se realizó la primera y última mesa de trabajo entre varios organismos, como la Subsecretaría de Asuntos Institucionales del Ministerio de Desarrollo Social, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Catamarca (ASPROSCA) y el Ministerio de Salud. Aunque se propusieron continuar con los encuentros y en los días posteriores otras áreas, como la Subsecretaría de Familia de la cartera social, expresaron su voluntad de participar en los debates, los encuentros no se realizaron. Así, pasó un año.

La polémica comenzó en enero del año pasado, cuando se dio a conocer el caso de una niña de 11 años de la provincia de Entre Ríos que como consecuencia de una violación quedó embarazada. Los padres de la niña pidieron interrumpir el embarazo pero el ministro de Salud entrerriano, Hugo Cettour, consideró que “no hay ninguna causa para interrumpir el embarazo”. Por entonces, la niña llevaba 11 semanas de gestación y los padres pidieron permiso para que abortara por la inviabilidad de llevar adelante el parto.

Sin embargo, el ministro Cettour, que para el caso es médico cirujano, opinó que “cualquiera puede correr riesgo de vida, en todo embarazo infanto-juvenil que tiene distintos riesgos, como tiene cualquier otro”. Sin embargo, también sostuvo que “una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea”.

Una vez conocido el dictamen de la Corte Suprema, la ministra de Salud de la Provincia, Noemí Villagra había remarcado que la violación es un hecho que afecta a la salud de la mujer pero no está reglamentada. “Para que se acepte esto tiene que cambiar la ley. Uno va a sentir protección desde el punto de vista médico. Para que se acepte el aborto en una mujer violada, cuando esté la ley se puede aceptar. Si la Ley no lo dice, es algo de lo que uno no puede hacer uso”, sostuvo.

La ministra sostuvo que se debe trabajar cambiando leyes y con reglamentaciones más severas. Según la funcionaria, no existen reglamentaciones en las que se penalicen estos hechos aberrantes. “Por esto cada vez va más en aumento. Tenemos que poner fin a esta situación, por ley, con reglamentos y modificaciones de nuestros códigos. Hay que cambiar estas leyes que son obsoletas y no tienen vigencia al momento actual en el que vive la sociedad. Se cambió, se evolucionó en algunas cosas para bien y en otras para mal”, aclaró.

Por su parte, los médicos insistían en la protección legal que les brinda este fallo. La objeción de conciencia, aclararon, es un derecho del médico y así tiene que salir reglamentado.

Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, en un primer momento, se había asignado para la reglamentación del Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación en casos de Violación a las Subsecretarías de Asuntos Institucionales y de Seguridad. De este modo, había dejado de lado la participación del Ministerio de Salud, que ya había dado a conocer su punto de vista sobre este dictamen de la Corte Suprema. Sólo en cinco provincias elaboraron los protocolos necesarios para interrumpir el embarazo en los casos permitidos.

Al principio, distintos organismos quisieron participar del debate, pero todo quedó en nada.

El Ancasti (online)