Paritaria de la Sanidad, un reclamo de lo imposible

Por Dr. Daniel Cassola

La situación actual que envuelve a las paritarias de los más de 200 mil trabajadores de la sanidad hace prever un escenario de conflicto. En principio porque así lo dijo hoy el referente gremial del sector, Héctor Daer, pero principalmente porque se trata de un reclamo salarial justo que no puede ser afrontado por las clínicas y sanatorios que deberían pagarlo.

Después de muchas idas y venidas el gobierno nacional blanqueó que la inflación 2018 rondará los 30 puntos. Al abrirse las paritarias de la sanidad sus dirigentes exigieron justamente ese porcentaje, 30, de aumento salarial. No se puede decir que no sea lógico. El problema reside en que quienes tienen que pagar ese porcentaje de aumento no pueden hacerlo.

Las clínicas y sanatorios que atienden a las obras sociales nacionales, provinciales y sindicales, y por lo tanto a la gran mayoría de los trabajadores argentinos, funcionan bajo un imperativo que constituye una anomalía económica. Los prestadores de la salud cuentan con un ingreso fijo pero deben afrontar un costo variable.

Entre el 60 y el 65 por ciento del costo de un efector de salud está dado por los salarios. Son empresas de mano de obra intensiva, en las que el principal capital es humano. Ahora bien, los ingresos que perciben las clínicas son fijos y están dados, no por un mercado, sino por las distintas instituciones que derivan la atención de sus afiliados.

Dentro de las obras sociales, la de la provincia de Buenos Aires (IOMA) ofrece una recomposición de sus aranceles del 7 por ciento. La de Río Negro (IPROSS), de las más generosas, eleva ese porcentaje al 15. El PAMI, la obra social más importante del país, está estudiando la posibilidad de aumentar un 12 por ciento ahora y otro 10 antes de fin de año.

Las clínicas no pueden fijar el precio de lo que venden, como otras industrias en otras ramas de la economía. Y tampoco pueden aumentar sus cuotas como lo hacen las prepagas, que durante 2017 elevaron sus cuotas en un 27 por ciento. En dos cuatrimestres de 2018 volvieron a elevarlas en un 19 por ciento, y deben pagar los mismos salarios que los prestadores de las obras sociales. Las enfermeras, por poner un caso, ganan por convenio lo mismo en una clínica top de Barrio Norte que en un prestador del tercer cordón del conurbano. La diferencia está en los montos que perciben los administradores de cada una de las instituciones por las prestaciones que se brindan.

El sistema, así planteado, lleva a los sanatorios a la ilegalidad. No hay en consideración ninguna exención impositiva, como por ejemplo reciben las actividades agropecuarias cuando el contexto es desfavorable. Las clínicas deben abonar religiosamente ingresos brutos, IVA y cargas sociales. Los atrasos derivan en un sinfín de punitorios, resarcitorios y honorarios de abogados, o sea que hacen aún más grande la carga.

Lo primero que puede hacer una clínica, en este contexto, es reducir la calidad de la atención. Luego se deben empezar a explorar otras opciones, como los pagos en efectivo, la contratación de personal en negro, la mora en los pagos impositivos. Siempre y cuando no se reciba un pedido de “retorno” o “peaje” para poder acceder a prestar los servicios de salud. En definitiva, el sistema funciona a partir de la premisa de que se quiere cobrar lo que no se puede pagar.

¿Quiénes son los que se benefician de estos descalabros? Ni los trabajadores que deben velar por su salud y las de sus familias, ni quienes administran los prestadores de la salud sacan provecho de tal situación.

¿No será hora de barajar y dar de nuevo?