Ya cuenta con la aprobación de Diputados. Ayer avanzó en dos comisiones del Senado y podría tratarse. El presidente Javier Milei adelantó que la vetaría.

Por Dr. Daniel Cassola

El proyecto de ley sobre jubilaciones que fue votado en la Cámara de Diputados en junio y que recientemente obtuvo dictamen favorable en dos comisiones del Senado, podría generar un profundo impacto en el sistema previsional argentino si finalmente se convierte en ley. Sin embargo, el Gobierno ha adelantado que, en caso de ser sancionada, la ley sería vetada en su mayoría debido a la falta de previsión de financiamiento, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación.

Uno de los puntos clave de la propuesta legislativa es la ratificación de la modalidad de ajustes mensuales de las jubilaciones según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC. Esta modalidad ya está en vigor desde abril de 2024, gracias al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274, que dispuso reajustes mensuales debido a la alta inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados.

Si se aprobara la ley, la fórmula de movilidad se mantendría, lo que garantizaría un ajuste mensual de las jubilaciones acorde a la inflación. Desde el inicio de 2024 hasta agosto, los haberes han experimentado un aumento acumulado del 113,3%, superando la inflación estimada del 92% al 95%. No obstante, quienes perciben solo un haber mínimo vieron una recomposición inferior, del 83,8%, debido al congelamiento del bono adicional.

El proyecto contempla un ajuste adicional en marzo de cada año, en función de la diferencia entre la evolución del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y la inflación. Si el Ripte supera a la inflación, se aplicaría un aumento extra del 50% de la diferencia. Este mecanismo se evaluaría por primera vez en marzo de 2025, y tiene como objetivo mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones, especialmente en un contexto inflacionario.

Otro aspecto relevante es el incremento compensatorio del 7,2% retroactivo a abril de 2024, que busca compensar la inflación de enero. Este ajuste se sumaría al aumento del 12,5% ya otorgado, llevando el incremento acumulado al 20,6% para ese mes. Si se aprobara, el haber mínimo del actual mes de agosto sería de aproximadamente $241.600, en lugar de $225.454. Además, se debería pagar la diferencia retroactiva desde abril.

El proyecto también propone establecer una garantía de ingreso mínimo para quienes perciben una única prestación. Este ingreso no podría ser inferior al valor de la canasta básica total para un adulto equivalente, definida por el INDEC, multiplicado por 1,09. En valores actuales, esto representaría un monto de $308.011, lo que reemplazaría en la práctica a los bonos mensuales, que en agosto llevaron el haber mínimo a $295.454. Esta medida está diseñada para asegurar un ingreso mínimo que cubra las necesidades básicas de los jubilados.

Finalmente, la propuesta legislativa incluye un capítulo sobre un «régimen de transparencia», que obligaría a la Subsecretaría de Seguridad Social a elaborar anualmente un informe sobre la sustentabilidad económica, financiera y actuarial de los subregímenes previsionales administrados por la Nación. Además, se establece que la ANSES deberá generar, en un plazo de dos años, un informe personalizado para cada trabajador sobre sus aportes y una simulación de sus futuros haberes.

El proyecto ha generado fuertes controversias, especialmente por la falta de previsión de financiamiento. Inicialmente, se había propuesto utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para saldar deudas con las provincias y pagar sentencias favorables a jubilados. Sin embargo, esta cláusula fue eliminada a pedido del kirchnerismo, dejando al proyecto sin una fuente clara de financiamiento.

El presidente Javier Milei ha sido enfático en su rechazo a cualquier ley que implique un costo fiscal sin financiamiento previsto, y ha amenazado con vetarla si es necesario. Esta situación recuerda al veto de la expresidenta Cristina Kirchner en 2010, cuando anuló una ley que garantizaba que el haber básico no fuera inferior al 82% del salario mínimo.