Por Redacción Curar con Opinión
El Poder Ejecutivo ha oficializado la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) por un plazo de 180 días, según lo establece el decreto 720/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida, que había sido anunciada la semana pasada, quita a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) el control de su obra social, menos de un mes después de que la organización sindical celebrara haber recuperado su mando tras un prolongado conflicto judicial.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Russo, designa a Virginia Montero como interventora de OSPRERA. Su función será presentar un informe mensual a la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud, con el objetivo de normalizar la entidad. Este informe debe detallar la situación institucional, administrativa y prestacional de la obra social, reflejando la evolución de su gestión.
El decreto justifica la intervención a partir de una auditoría que reveló graves infracciones e irregularidades en los aspectos institucionales, prestacionales, contables y jurídicos de OSPRERA. Entre los problemas detectados se encuentran dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que amenaza su estabilidad financiera a corto y mediano plazo.
Situación Financiera Crítica: Al cierre del ejercicio 2023, OSPRERA presentaba un endeudamiento crítico, empeorado por una ayuda financiera de $3.350.190.354,30 que no logró mejorar su situación. Al 30 de septiembre de 2023, la deuda prestacional ascendía a $26.979.000.000, cifra que en marzo de 2024 aumentó a $43.949.000.000, un incremento del 63%. Además, la obra social adeuda $1.500.310.836 a los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.
Litigios y Juicios: OSPRERA enfrenta 172 acciones judiciales, incluyendo demandas relacionadas con medicamentos, afiliación, cirugías y discapacidades. Además, tiene 29 juicios por mala praxis médica, 44 laborales, 62 de cobro de pesos y 46 ejecuciones fiscales.
El decreto también menciona graves deficiencias en la calidad y cantidad de las prestaciones brindadas a los afiliados de OSPRERA. En la última auditoría social, correspondiente al período 2022/2023, se identificaron 16.410 reclamos de beneficiarios, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud recibió 1.655 quejas. Además, se verificó que la obra social no cumple con la normativa de registrar correctamente los contratos prestacionales y que las cartillas médicas están desactualizadas.
Desde abril de 2017 hasta mayo de 2024, OSPRERA recibió $22.740.238.761 del Fondo Solidario de Redistribución. Sin embargo, la obra social no ha cumplido con las normativas en cuanto a la registración total de los contratos prestacionales, lo que ha interferido en el normal funcionamiento de la entidad y ha puesto en riesgo la adecuada cobertura de salud para sus beneficiarios.
