FUENTE: Télam
El juez federal Sebastián Ramos citó a indagatoria a cuatro ex directivos de la Fundación de la Hemofilia señalados como los responsables del contagio masivo de SIDA y hepatitis C sufrido por pacientes hemofílicos entre 1985 y 1992.
El magistrado accedió al pedido de la fiscal Alejandra Mángano quien había pedido la indagatoria de los acusados por su presunto obrar «sumamente negligente e imprudente», al suministrar medicamentos contaminados que debían ser descartados.
Los imputados del caso son Miguel de Tezanos Pinto, ex director de la Fundación; Raúl Pérez Bianco, ex director médico y los ex directivos Eduardo Biedma y Eduardo Díaz, todos denunciados por pacientes hemofílicos.
Tezanos Pinto fue citado a declarar el 21 de septiembre a las 10.30, Pérez Bianco el 22 y los ex directivos Biedma y Díaz fueron convocados para el 25 y el 26 respectivamente, según consta en el fallo de dos carillas al que accedió Télam.
La causa quedó a cargo del juez Ramos luego de que fuera reabierta por la Cámara Federal porteña, que decidió, además, apartar al anterior magistrado del caso, el juez federal Claudio Bonadio.
«Resta que se reconozca el grave daño a la salud que la ausencia de un correcto control generó a todos aquellos pacientes hemofílicos» que entre 1985 y 1992 contrajeron HIV y hepatitis C al aplicarseles factores de coagulación antihemofílicos importados desde Estados Unidos y contaminados con esas enfermedades,había dicho la fiscalía.
Mángano sostuvo que «el Estado argentino en el momento de llevarse a cabo las transfusiones con los factores coagulantes antihemofílicos denominados factor VIII y IX no brindó un adecuado control sobre todos aquellos lotes de sangre que ingresaban al país».
También advirtió que esos lotes de sangre contaminados que se usaron «previamente habían sido rechazados por Estados Unidos, Japón y Brasil, dato que bajo ningún lugar a dudas debía pasarse por alto».
Un mayor control «hubiera permitido velar por el derecho a la salud de las 208 víctimas totales que no solo adquirieron las graves enfermedades de HIV y HCV sino que también, ante la ausencia de una correcta notificación, propagaron a sus esposas, parejas e hijos generando que los efectos de estas dos graves enfermedades a la fecha se desconozcan».
La fiscalía acusó por su «obrar sumamente negligente e imprudente» los entonces responsables de la Fundación, que además explicó era el único lugar en el cual los enfermos afiliados al PAMI podían realizarse el tratamiento.
Además, remarcó que al no haberles hecho saber a los pacientes «con posterioridad la posibilidad de contagio» se ocasionaron «efectos» que «aún hoy persisten» y por ello aludió a la «propagación de manera negligente e imprudente de enfermedades contagiosas».
En los casos de Tezanos y Bianco, que ya fueron indagados, la fiscal pidió al juez que amplíe sus indagatorias para notificarlos de nuevos casos denunciados y dicte sus procesamientos.
Los dos médicos habían sido indagados por Bonadio que cerró la pesquisa por prescripción a raíz del paso del tiempo y dictó sus sobreseimientos, decisión que quedó sin efecto cuando se reabrió la causa tras una apelación del abogado de varios de los denunciantes, Gonzalo Giadone.
