La crisis en los hospitales públicos ha sumado un nuevo frente de tensión al que ya enfrentaba el Gobierno nacional con las universidades. Los recortes presupuestarios, el desmantelamiento de áreas esenciales, los salarios depreciados y la amenaza de cierres completos configuran un panorama alarmante en los centros de salud que dependen de la administración central.

Por Dr. Daniel Cassola

Este martes, el foco de conflicto se centró en el Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo un paro de 48 horas exigiendo una recomposición salarial. Sin embargo, este reclamo es solo parte de un panorama más amplio que refleja las condiciones laborales críticas que afectan a los trabajadores de la salud en todo el país.

La movilización de los trabajadores del Garrahan no es un caso aislado. Este martes, una columna de manifestantes que marchó hacia el Ministerio de Economía, hizo una parada en el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, que ha sido tomado por sus trabajadores desde el sábado. Esta medida se tomó en rechazo al cierre de los servicios de guardia y de internación, que temen sea el primer paso hacia un cierre definitivo del hospital.

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), declaró que el hospital Garrahan está en una situación crítica debido a los bajos salarios y la falta de recursos. «Estamos muy por debajo de la canasta familiar. Muchos compañeros empiezan a considerar la posibilidad de irse, lo que llevaría a un vaciamiento del hospital», afirmó Lezana. Según la dirigente, los aumentos salariales han quedado rezagados respecto a la inflación, que alcanzó el 236% entre agosto del año pasado y el mismo mes de este año, mientras que los salarios solo se incrementaron un 100%.

Los trabajadores del Garrahan se movilizaron hasta el Ministerio de Economía para llevar su reclamo directamente al ministro Luis Caputo. A pesar de haber recibido recientemente un bono de 500 mil pesos, Lezana aclaró que se trató de una medida extraordinaria y por única vez, lograda gracias a los recursos propios del hospital. El bono fue una de las causas que motivó la renuncia de los miembros del Consejo de Administración del hospital, tras la decisión del ministro de Salud, Mario Lugones.

La reciente designación de Soraya Anis El Kik como presidenta del Consejo de Administración del hospital, junto con Roberto Agustín Dalmazzo y Jorge Menehem como consejeros, ha sido vista por los gremios como una señal política del Gobierno para desmotivar la lucha salarial. Según Lezana, «el reemplazo se hizo con personas afines a la gestión del Gobierno», lo que genera desconfianza entre los trabajadores que continúan luchando por una recomposición salarial justa.

El personal del Garrahan demanda que el salario más bajo alcance la canasta familiar, estimada en 1.500.000 pesos. Esta exigencia es reflejo de la situación de miles de trabajadores de la salud que ven su poder adquisitivo erosionado por la inflación y los recortes presupuestarios.

En el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, la situación es igual de crítica. Los trabajadores mantienen una vigilia desde el sábado para oponerse al cierre de los servicios de guardia e internación. Raquel Rodríguez, trabajadora administrativa del hospital, expresó su preocupación ante la posibilidad de un cierre total. «En este momento sostenemos el no cierre. Seguimos funcionando y estamos en negociaciones, esperando una comunicación oficial sobre el futuro del hospital», indicó Rodríguez.

El conflicto también alcanza al Hospital de Clínicas, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Aunque su situación se enmarca dentro de los recortes al presupuesto universitario, los gremios de la UBA han manifestado su rechazo con medidas de lucha que incluyeron un paro y un «abrazo simbólico» al Hospital a fines de septiembre.