En un contexto de negociaciones paritarias estancadas, el sindicato de trabajadores de la sanidad ha decidido intensificar sus reclamos salariales con una convocatoria a paros en clínicas y centros privados de salud. Mañana reunión importante en Trabajo.

Por Dr. Daniel Cassola

La medida, que se desarrollará durante esta semana con paros de dos, tres y cuatro horas por turno el miércoles, jueves y viernes respectivamente, busca presionar a las autoridades y empresarios del sector para obtener una recomposición salarial acorde con la inflación y los incrementos de costos.

Tras semanas sin avances significativos en las negociaciones, la Secretaría de Trabajo ha convocado “con carácter urgente” a una audiencia este jueves. En esta reunión, se espera la participación de la representación gremial encabezada por Héctor Daer y de las cinco cámaras empresarias involucradas en las paritarias. Esta convocatoria intenta mediar en un conflicto que no solo afecta a los trabajadores, sino que también tiene serias repercusiones en la calidad y disponibilidad de los servicios de salud para los pacientes.

El sindicato ha señalado a “los empresarios de la salud” como responsables directos de los problemas que puedan surgir en la atención de los pacientes debido a las medidas de fuerza. Esta situación es una manifestación más de la crisis que atraviesa el sector privado de salud, donde los prestadores enfrentan un significativo retraso en los aranceles cobrados a las obras sociales sindicales y provinciales, al PAMI y a las entidades de medicina prepaga. Estas últimas, inmersas en un conflicto judicial con el Gobierno, se han visto obligadas a retrotraer parte de los aumentos de las cuotas que, en apenas cuatro meses, habían llegado a acumular hasta un 165 %.

Las interrupciones de servicios en las clínicas no solo generan inconvenientes inmediatos, como demoras para conseguir turnos y la salida de médicos de las cartillas, sino que también obligan a los pacientes a enfrentar cobros adicionales bajo la forma de copagos o bonos contribución.

El presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), Jorge Cherro, ha expresado que los precios cobrados por los servicios de salud no reflejan los costos reales. “Nuestros precios no están vinculados con nuestros costos, sino con lo que nos imponen los financiadores, que en general son oligopolios u oligopsonios, y en este momento estamos recibiendo aumentos de precios de todo tipo, muy por encima de la inflación”, explica Cherro.

Según el índice de costos elaborado por Adecra+Cedim, en 2023 los costos de prestar servicios de salud aumentaron un 213,1 %, mientras que los aranceles cobrados a las prepagas subieron solo un 118 %, los abonados por el PAMI un 160 %, y los del IOMA un 130 %. Esto contrasta con un incremento en las cuotas de las prepagas del 137,5 % durante el mismo periodo.

La situación es aún más crítica cuando se consideran los costos específicos: en 2023, los insumos médicos aumentaron un 645 %, las inversiones un 274 %, los costos laborales un 151,1%, los insumos no médicos un 241,2 %, y las tarifas de servicios públicos un 241,4 %. Solo en el primer trimestre de 2024, las tarifas de servicios públicos subieron un 80 %, mientras que el índice general de costos para los centros privados de salud avanzó un 55,7 %.

Las cifras a largo plazo también son alarmantes. Entre diciembre de 2019 y febrero de 2024, el costo de dar salud aumentó un 2130 %, comparado con un incremento del 1805 % en los precios generales de la economía y del 1580 % en los costos laborales debido a las paritarias, lo que ha resultado en una pérdida significativa de poder adquisitivo para los trabajadores. En contraste, los precios cobrados a los financiadores subieron un 1221 % para las prepagas y alrededor de 1100 % para el PAMI y el IOMA.

La crisis se agrava por las demoras en los pagos, con lapsos de 60, 90 o hasta 120 días después de la atención. Según Gerardo Figueroa Paredes y Rodolfo Benvenuti de la Cámara de Prestadores de Salud del Conurbano (Capresco), las clínicas se enfrentan a incrementos exorbitantes en las facturas de servicios públicos, que pueden llegar hasta los 15 millones de pesos.

La situación actual refleja una larga historia de problemas no resueltos. Desde la declaración de la emergencia sanitaria hace más de dos décadas, los prestadores han podido evitar el pago de impuestos sin enfrentar ejecuciones de la AFIP. Sin embargo, esta medida dejó de estar en vigencia al inicio de 2024, y se espera que a partir de agosto, unos 5000 centros asistenciales enfrenten posibles ejecuciones por deudas tributarias.