Crisis silenciosa: la salud laboral en Argentina bajo presión

En Argentina, la salud en el ámbito laboral enfrenta una crisis persistente y poco visibilizada. Durante 2024, se registraron más de 355.000 accidentes laborales y enfermedades profesionales, resultando en 231 trabajadores fallecidos, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Estas cifras reflejan una problemática estructural que requiere atención urgente.​

Por Dr. Daniel Cassola

El contexto laboral argentino presenta una característica que agrava notablemente el panorama: la alta informalidad, que afecta a cerca del 40% de la fuerza de trabajo. Este dato no es menor. Los trabajadores informales quedan fuera del sistema de riesgos del trabajo, lo que significa que no solo están más expuestos a condiciones laborales inseguras, sino que además carecen de mecanismos legales de protección y reparación ante un accidente o una enfermedad profesional. Es decir, miles de personas trabajan día a día sin red de contención, sin registros ni estadísticas que visibilicen su situación. Esta invisibilidad impide una intervención estatal eficaz y deja la resolución de los problemas en manos del azar o del mercado.

Un elemento central de esta crisis es la subnotificación de las enfermedades profesionales. A diferencia de los accidentes laborales, que tienden a registrarse con mayor precisión por su carácter inmediato y visible, las enfermedades vinculadas al trabajo suelen quedar fuera de los informes oficiales. Hay múltiples razones para ello: la latencia de muchas dolencias, que pueden manifestarse años después de la exposición; la dificultad para establecer una relación causal directa entre trabajo y enfermedad; la negativa de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a reconocer ciertos cuadros clínicos como laborales; y el miedo de los trabajadores a perder su empleo si denuncian problemas de salud. Este subregistro no solo distorsiona la estadística, sino que también obstruye cualquier política pública basada en la evidencia.

A nivel global, la magnitud del problema también es colosal. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cada año mueren casi 3 millones de personas a causa de enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo. De ellas, alrededor de 330.000 fallecen por accidentes laborales, mientras que más de 2,6 millones mueren debido a enfermedades ocupacionales, muchas de las cuales son prevenibles. Los sectores con mayores niveles de riesgo son la agricultura, la construcción, la industria manufacturera, la pesca y la silvicultura. Estos sectores suelen compartir características como el uso intensivo de fuerza física, exposición a sustancias tóxicas o condiciones climáticas extremas, y menor presencia de organismos sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores.

En Argentina, una de las enfermedades laborales más extendidas y a la vez menos visibilizadas es la silicosis, que afecta principalmente a trabajadores expuestos al polvo de sílice, como ocurre en actividades mineras, en canteras o en la industria del granito. Provincias como San Juan, San Luis, Jujuy, Catamarca y Salta registran los niveles más altos de incidencia. La silicosis, una enfermedad pulmonar incurable pero prevenible, avanza silenciosamente hasta provocar un deterioro grave e irreversible en la salud de quienes la padecen. En respuesta, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) está impulsando la creación de un Registro Nacional de Silicosis, que permitirá contar con datos sistematizados y fiables para diseñar políticas de intervención más efectivas.

Sin embargo, la salud física no es la única en jaque. En los últimos años, la salud mental en el ámbito laboral ha adquirido una centralidad inédita, producto del aumento del estrés, la sobrecarga laboral, la inseguridad económica y el debilitamiento de los lazos sociales dentro de las organizaciones. Según un estudio reciente de la consultora Adecco, el 65% de los trabajadores argentinos afirma sentirse «quemado» o emocionalmente exhausto. Este fenómeno, conocido como «burnout», ha dejado de ser una rareza para convertirse en una constante transversal a diferentes profesiones, niveles jerárquicos y edades.

El agotamiento emocional no solo impacta en la salud del trabajador, sino que también repercute negativamente en la productividad, en el clima laboral y en la calidad del trabajo realizado. Los principales factores identificados como causas de esta situación incluyen jornadas extendidas, falta de reconocimiento, imposibilidad de conciliar la vida laboral con la personal y temor constante al despido. El teletrabajo, lejos de ser la solución esperada, ha contribuido en muchos casos a intensificar la carga laboral, difuminar los límites entre lo profesional y lo personal, y fomentar una cultura de la disponibilidad permanente que erosiona los espacios de descanso.

Es preocupante que, pese a la evidencia, la salud mental todavía no esté plenamente incorporada en las políticas de prevención de riesgos laborales. La mayoría de las ART no contempla este tipo de patologías dentro de su cobertura, salvo que existan condiciones muy específicas que lo justifiquen. Esto obliga a los trabajadores a recurrir al sistema de salud pública o a afrontar los costos de tratamientos por cuenta propia, lo que supone una carga adicional tanto emocional como económica.

Frente a este escenario complejo, la deuda pendiente es evidente: la necesidad de construir un sistema integral de salud laboral que no se limite a la reparación del daño, sino que priorice la prevención y el cuidado.