Cuarentena dura y represión, dos elementos que encienden las alarmas en Formosa

Con solo 17 casos detectados el jueves y 16 el viernes pasado en la ciudad capital de la provincia el gobierno de Gildo Insfrán decidió volver a la fase más severa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Durante el fin de semana hubo protestas y represión, lo que señala nuevamente una crisis de derechos humanos en la provincia.

Por Dr. Daniel Cassola

La fase uno del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) es la cuarentena más dura que gran parte del país experimentó durante varios meses del año pasado. En principio se consideró una medida de precaución ante el avance del virus en todo el mundo. En este tiempo también el conocimiento sobre el mismo y sus formas de transmisión han avanzado. Para volver a ese nivel de restricciones realmente una provincia, una ciudad o una localidad deberían atravesar una crisis tal que su sistema sanitario esté al borde del colapso.

No es el caso de Formosa, donde la cuarentena parece obedecer a fines de disciplinamiento político. El gobierno de Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995, informó que sobre más de 3 mil tests realizados el jueves pasado 23 resultaron positivos. 17 de ellos se dieron en la ciudad de Formosa, la capital provincial. El viernes hubo resultados similares, con 16 casos en la misma localidad. El gobierno definió a la situación como un “rebrote de contagios” y dictaminó 14 días de cuarentena dura. Dio además una explicación que es al menos insuficiente: sostuvo que “el 65% de los nuevos casos detectados no tienen nexo epidemiológico”. Desde el punto de vista sanitario el regreso a la fase más dura de la cuarentena resulta muy difícil de sostener.

Desde hace meses que la situación social y política de Formosa viene llamando la atención, sobre todo por la pérdida de derechos y garantías que experimentan allí los ciudadanos. En noviembre, la Corte Suprema respondió a una presentación de Amnistía Internacional por las restricciones que existían para ingresar a la provincia. Había muchos formoseños que no podían volver. Hace un mes el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla viajó a la provincia e investigó los centros en los que el gobierno provincial alojó compulsivamente a los casos positivos para aislarlos. Si bien el funcionario sostuvo que allí no había una “violación sistemática de los derechos humanos”, el tema se instaló en la agenda pública.

Tras la última decisión del gobierno formoseño, cientos de manifestantes marcharon el viernes a la sede de la gobernación para protestar. Hubo enfrentamientos con la policía, muchas balas de goma, 92 detenidos y varios heridos, entre ellos algunos periodistas. El hecho volvió a llamar la atención de organismos internacionales. El coordinador de Naciones Unidas Argentina, Robert Valent, sostuvo que “la respuesta de la policía implicó el uso de violencia indiscriminada en personas heridas y detenidas”. El tema, ya completamente politizado, se volvió un objeto más de disputa entre gobierno y oposición. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en este caso emitió un comunicado en el que si bien repudió “la violencia ejercida por integrantes de la policía provincial de Formosa sobre los manifestantes”, justificó el hecho al hablar del “uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos y la violencia desmedida de algunos manifestantes”.

Durante todo el fin de semana hubo expresiones políticas y un sinfín de declaraciones de ambos sectores. En el gobierno tanto el jefe de gabinete Santiago Cafiero como la ministra de Seguridad Sabina Frederic condenaron, con distintas apreciaciones, la represión. Hoy se prevé que el ministro del Interior Wado de Pedro se reúna con Insfrán. Formosa empieza a ser un problema cada vez más pesado para el gobierno. Lo que sucede allí tiene que ver cada vez menos con la pandemia.

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