Argentina cuenta hoy con entre 12.000 y 13.000 farmacias en funcionamiento. La cifra parece significativa, pero dista de lo necesario: los estándares internacionales recomiendan al menos una farmacia cada 2.000 a 3.000 habitantes, lo que implica que en el país deberían existir unas 16.000.

Por Dr. Daniel Cassola

A la escasez de locales se suma la falta de profesionales. Con apenas 5,07 farmacéuticos cada 10.000 habitantes, Argentina se ubica por debajo de países como Brasil (6,83), Japón (18,02) o Bélgica (19,07). Este déficit coloca a la población en una situación de vulnerabilidad, ya que la farmacia comunitaria no es solo un punto de expendio de medicamentos, sino también un espacio de orientación sanitaria, prevención y acompañamiento.

La distribución de farmacias en el territorio nacional responde más a criterios regulatorios provinciales que a una planificación integral. Buenos Aires, por ejemplo, aplica normativas estrictas que condicionan la apertura de nuevos locales según densidad poblacional y distancia mínima con otros, y además exige la presencia de un farmacéutico matriculado como director técnico. Esta lógica apunta a garantizar calidad, pero también restringe la expansión en comunidades pequeñas.

En cambio, en Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la normativa es más flexible, lo que favorece la instalación de cadenas comerciales y la concentración en las zonas urbanas. El resultado es un mapa desparejo: mientras en las grandes ciudades la oferta es abundante, en localidades rurales se observan carencias críticas.

El mercado de distribución, dominado en un 70% por apenas cuatro droguerías, agrava el panorama. La concentración encarece costos y dificulta el abastecimiento en regiones alejadas, donde los medicamentos tardan más en llegar y resultan menos accesibles.

España se presenta como un modelo de referencia. Allí funcionan más de 22.000 farmacias comunitarias, lo que equivale a una cada 2.187 habitantes, una de las densidades más altas de Europa. Más de 14.000 de estos locales están situados en municipios no capitales, lo que asegura una cobertura extendida.

El sistema incluye, además, políticas de sostenimiento económico: las farmacias catalogadas como de Viabilidad Económica Comprometida reciben beneficios que permiten su continuidad, incluso en zonas con baja rentabilidad.

En cuanto a recursos humanos, España supera los 80.000 farmacéuticos colegiados, con una relación de 17,2 por cada 10.000 habitantes. Su participación activa en la atención primaria, sumada a herramientas como la receta electrónica, consolida una red de gran capilaridad y eficiencia.

El contraste es evidente. Argentina cuenta con menos de la tercera parte de farmacéuticos por habitante respecto de España, y la mayoría de ellos se concentra en grandes centros urbanos. Según la Confederación Farmacéutica Argentina, el rol de estos profesionales ha sido determinante en situaciones de emergencia, como durante la pandemia de Covid-19, cuando se encargaron de campañas de vacunación y dispensa de autotests. Sin embargo, la falta de personal limita su alcance y deja a muchas comunidades sin cobertura adecuada.

La obligatoriedad del registro profesional, que en teoría garantiza seguridad y control, puede convertirse en un obstáculo en zonas alejadas, donde resulta difícil encontrar profesionales dispuestos a asumir la responsabilidad técnica. La consecuencia es que localidades enteras quedan desprovistas de atención farmacéutica.

La pregunta que se abre es cómo resolver este déficit. Algunos especialistas proponen flexibilizar regulaciones para facilitar la apertura de farmacias, mientras otros advierten que una desregulación total podría profundizar las desigualdades, favoreciendo únicamente a las zonas de mayor rentabilidad.

Otra alternativa es la implementación de incentivos para profesionales en áreas de baja densidad, junto con políticas nacionales que unifiquen criterios regulatorios y reduzcan las brechas entre provincias. La inversión en formación y el fortalecimiento de la red pública de atención aparecen como caminos necesarios para cerrar la brecha.

El déficit de farmacias y farmacéuticos en Argentina es un problema estructural que trasciende casos puntuales. No solo limita el acceso a medicamentos, sino que debilita la salud pública en su conjunto.