Derogación de patentes farmacéuticas: qué cambia para el sistema de salud en Argentina

Por Redacción Curar con Opinión

La decisión del Gobierno argentino de derogar la regulación 118/12 marca un cambio significativo en el régimen de propiedad intelectual del sector farmacéutico y abre un nuevo escenario para la innovación, el acceso a tratamientos y la competencia en el mercado de medicamentos.

La medida, oficializada mediante una resolución conjunta de las áreas de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), elimina una serie de criterios restrictivos que desde 2012 condicionaban la aprobación de patentes. A partir de ahora, cada solicitud será evaluada de manera individual, en función de los estándares establecidos por la ley vigente: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Desde el Gobierno sostienen que esta reforma busca modernizar el sistema, alinearlo con estándares internacionales y facilitar la llegada de terapias innovadoras. Según el Ministerio de Desregulación, el esquema anterior dificultaba el acceso al mercado local de nuevos desarrollos y frenaba la inversión en investigación.

En este nuevo marco, el INPI adquiere un rol central como autoridad técnica encargada de analizar cada caso sin condicionamientos previos. Además, se garantiza que los medicamentos actualmente disponibles no se verán afectados: la normativa establece que no podrán ser retirados del mercado ni estarán sujetos a pagos retroactivos.

El cambio generó distintas reacciones en el sector. Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que nuclea a laboratorios internacionales, consideraron positiva la medida al entender que fortalece la seguridad jurídica y promueve la innovación, al crear condiciones más previsibles para la inversión y el desarrollo de nuevos tratamientos.

En cambio, desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que representa a la industria nacional, si bien valoraron algunos aspectos de la reforma, advirtieron sobre la necesidad de mantener un sistema que preserve la competencia. En particular, señalaron el riesgo de que se otorguen patentes sobre modificaciones menores de medicamentos existentes —conocidas como “evergreening”— que podrían extender monopolios y retrasar la entrada de genéricos y biosimilares.

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