El gobierno argentino anunció una serie de modificaciones al régimen migratorio que incluirán medidas para que los extranjeros no residentes paguen por la atención en hospitales públicos y por la educación en universidades estatales.
Por Dr. Daniel Cassola
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó los detalles durante una conferencia de prensa realizada ayer. Adorni declaró que “se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes” y también que “se pondrá fin a la gratuidad de la atención médica para los extranjeros que no residan en el país”. Actualmente, en Argentina la atención médica y la educación pública hasta el nivel de grado son gratuitas, pero estas medidas buscan modificar ese esquema para los no residentes.
En el sistema federal argentino, el gobierno nacional solo tiene jurisdicción sobre los hospitales bajo su administración, mientras que las provincias cuentan con autonomía para tomar decisiones sobre los servicios de salud. Este año, provincias como Mendoza, Santa Cruz, Jujuy y Salta comenzaron a cobrar por la atención médica a extranjeros no residentes.
No obstante, el anuncio ha generado tensiones. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, criticó la iniciativa y aseguró que su distrito mantendrá la gratuidad de los servicios de salud. En declaraciones a la prensa, Kreplak señaló que estas medidas “solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”.
La propuesta también despertó controversias en el ámbito universitario. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, calificó el anuncio como “un absurdo total”. Explicó que no existen “estudiantes no residentes” en las universidades argentinas, ya que para inscribirse es necesario obtener una residencia que otorga los mismos derechos que a los ciudadanos nativos.
Por su parte, el abogado constitucionalista Félix Lonigro recordó que la Ley de Educación Superior garantiza la gratuidad de la educación pública universitaria y que cualquier modificación a esta norma requiere tratamiento parlamentario. Hasta 2022, según datos de la Secretaría de Educación, había 122.769 estudiantes extranjeros en universidades argentinas, representando un 4,1% del total.
El vocero también anunció que se endurecerán las políticas migratorias respecto a los delitos. Entre las medidas previstas está la incorporación de nuevos delitos como causal para impedir el ingreso de extranjeros o justificar su expulsión. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito en flagrancia o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, afirmó Adorni, quien además criticó la doctrina “garantista” en la gestión migratoria.
Las medidas anunciadas han generado un intenso debate en distintos sectores de la sociedad, mientras se espera que el gobierno avance en su implementación y se discutan las posibles implicancias legales y sociales de estas propuestas.
