El Gobierno reglamentó el procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud
Por Redacción Curar con Opinión
El Gobierno nacional reglamentó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud, conocido como PROMESA, una nueva herramienta que busca agilizar la resolución de conflictos vinculados al acceso a prestaciones médicas. La iniciativa, creada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025, fue oficializada a través de la resolución conjunta 1/2025 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial. El PROMESA propone una vía rápida, menos costosa y optativa, destinada a facilitar acuerdos entre usuarios del sistema de salud y entidades como obras sociales, seguros de salud y prepagas, evitando así la judicialización de estos reclamos.
La reglamentación del PROMESA está a cargo de los Ministerios de Justicia y Salud y apunta a resolver de manera consensuada disputas que suelen generar largos procesos judiciales. Según se detalla, esta instancia alternativa prioriza la solución temprana y eficaz de los conflictos mediante la mediación, con la participación de profesionales especializados en materia de salud. Para asegurar la calidad de las intervenciones, se establecen programas de formación específicos y un examen de idoneidad obligatorio para los mediadores, quienes deberán contar con al menos un año de antigüedad en el Registro Nacional de Mediación y no tener sanciones vigentes. Además, durante la etapa inicial, los mediadores registrados a nivel provincial con experiencia también podrán desempeñarse en el programa.
En relación al financiamiento, el PROMESA prevé que el Fondo de Financiamiento asuma el pago de los honorarios de los mediadores cuando no se alcance un acuerdo entre las partes. Si posteriormente se dicta una condena en costas en sede judicial, el requerido deberá reintegrar al fondo los honorarios abonados. Para facilitar este proceso y garantizar la transparencia, se firmarán convenios con el Poder Judicial para el seguimiento y control de las causas.
La resolución también contempla la creación de un sistema de monitoreo constante, mediante la designación de enlaces técnicos permanentes entre el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Servicios de Salud. Estos equipos deberán supervisar el cumplimiento de los acuerdos, el impacto en la reducción de la judicialización, el intercambio de información y el control de eventuales alertas sanitarias.
Además, los jueces podrán derivar causas judicializadas al PROMESA, siempre que exista consentimiento de la parte actora y una decisión motivada del magistrado.
