La historia, ahora, terminó con final feliz. Dos hombres, que vivían internados en el Hogar Edad de Plata, de Victoria, se fueron de ese lugar sin que nadie supiera cómo. Los hallaron después, los encontró la Policía, sentados en el banco de una plaza, sanos, a salvo.
No siempre ocurre así: no siempre se van sin avisar. En realidad, no se van, se quedan, resignados a un destino de encierro. En esos hogares ajenos, hogares impostados adonde van a parar los viejos. Los geriátricos, los hogares de ancianos, las residencias gerontológicas.

Entre Ríos es una provincia de población envejecida. Hoy es de 1.235.994; de éstos, 324.299 personas están en la franja que va de los 0 a 14 años (representan el 26,2%); 784.742 personas tienen entre 15 y 64 años (representan el 63,5%); y 126.953 tienen 65 y más (el 10,3%).

Qué hacen los hijos con sus padres, sus abuelos, qué destino les espera a los viejos cuando quedan solos. No todos, pero una porción considerable va a un hogar, un geriátrico, una residencia para adultos mayores.

En el Ministerio de Salud, sólo hay dos geriátricos que tienen la habilitación actualizada en los cinco últimos años. El resto, está habilitado, pero esa habilitación data de más de cinco años, por lo cual no están encuadrados en la nueva reglamentación que rige la actividad. Además, hay 23 geriátricos en trámite de habilitación.

DIVISIÓN. En 2007, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9823, reglamentada en 2010, que fijó una diferencia entre instituciones gerontológicas y geriátricos, aunque en la práctica las peculiaridades resultan difusas. Las primeras acogen a los ancianos autoválidos, que no necesitan cuidados médicos; los segundos, a los que demandan especial consideración, atención especializada, medicación.

Pero hay otra diferenciación: los hogares gerontológicos son monitoreados por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección de Integración Comunitaria; los geriátricos son controlados por el Ministerio de Salud, por medio de la Dirección de Atención Médica. Pero en cada lugar, ordena la ley, deberá existir un equipo técnico encargado de relevar la situación de ese tipo de situaciones; sólo en Salud está conformado ese plantel de especialistas.

Pero además establece una serie de ordenamientos rígidos para el funcionamiento, y así ordena que para que un geriátrico pueda habilitarse, debe contar con un máximo de 40 camas, y en las habitaciones, no más de cuatro camas; un sanitario cada seis camas; un consultorio de enfermería y una enfermera cada 20 camas; todas las camas deben ser ortopédicas, y debe contar con la cantidad de sillas de ruedas necesarias para los internos incapacitados.

Y un plantel de profesionales que incluya un médico geriatra, enfermeros y auxiliares en todos los turnos, una mucama cada 12 internos, psicólogo y médico psiquiatra, terapista ocupacional, kinesiólogo, nutricionistas, y hasta un trabajador social.

Danilo Corona, ex secretario de Salud de Entre Ríos, miembro del Consejo de Adultos Mayores, reconoce que no todo es tal cual lo reclama la ley. Dice: “Nos preocupa la cantidad de lugares que no cumplen los requisitos mínimos, como el espacio físico adecuado. Pero además, hay muchas instituciones que no cuentan con personal capacitado para atender a adultos mayores. Un adulto necesita medicación, por ejemplo, y eso no puede estar en manos de alguien no especializado”.

El Consejo fue creado por ley en septiembre último, y una de sus funciones es la de capacitar recurso humano. En noviembre, concluyó un curso de cuidadores de ancianos, que aprobaron 35 personas.

Corona, además, colabora con la titular de la Dirección de Integración Comunitaria, María Luisa Rausch, que en 2012 inició un relevamiento de la situación de las instituciones gerontológicas de la provincia, tarea que continuará en 2013. Pero como los recursos no abundan, dice que es clave la interacción con los municipios y las instituciones intermedias, como los centros de jubilados, para un efectivo cumplimiento de las metas que fija la legislación en materia de instituciones geriátricas y gerontológicas.

PUERTAS CERRADAS. Hay un ardid en el negocio de los geriátricos, que los lleva a burlar los controles de Salud. La mayoría son inscriptos en los municipios como residencias gerontológicas, y no como geriátricos, y así consiguen la habilitación comercial, pero después no se ven obligados a requerir el visto bueno de las autoridades de la Dirección de Atención Médica, y funcionan al margen de la reglamentación.

La mayoría no pide autorización para funcionar. Sólo funcionan; a veces, con un cartel identificatorio; otras veces, aunque al parecer nadie ha reportado ninguna irregularidad, ninguna queja, ninguna anomalía. No hay denuncias. “Son depósitos de personas”, admite la médica Karina Muñoz, directora de Atención Médica del Ministerio de Salud.

De ahí que las tarifas para internar a un abuelo en uno u otro sitio varíen de modo sustantivo. Un geriátrico que funcione según los parámetros de la ley que los rige debería contar con una tarifa mensual de 5.000 pesos si es que tiene poca población asistida; pero en el mercado hay instituciones que tienen un costo mensual que va de los 1.000 a 2.000 pesos. Y brindan un servicio “básico”, sin las mínimas exigencias legales, dice Muñoz.

Pero el Estado, a veces, tiene las manos atadas para actuar. “¿Con qué problemas nos encontramos? Muchas instituciones funcionan a puertas cerradas, sólo con habilitación municipal. Sin un cartel que los identifique. Y no podés ingresar a controlar. A lo sumo, podés ir, y golpear, y te van a atender, y te van a decir que es una casa de familia. En ese caso, la forma de ingresar sería con una orden de un juez”, asegura.

Otro camino posible para detectar algún tipo de desorden hacia el interior de los geriátricos sería a través de la inquietud de los familiares. Pero eso tampoco ocurre. “Podría ser a través de la denuncia de la familia, que no la hay. Nos encontramos con eso. La familia toma esas instituciones como depósitos de gente. A veces van, a veces no van, y los dejan ahí. A los familiares a veces no les interesa el viejo. Son lugares que no están habilitados, que no cuentan con equipos mínimos de profesionales, y por eso mismo son baratos”, añade.

—¿No han clausurado ningún lugar?
—Es difícil. Yo cierro un geriátrico, y ¿qué hago con los viejos? No los puedo dejar en cualquier lugar. Y además, está la familia, que te reclama enseguida una solución.

Más longevos

La población vive más años, ése es un dato incontrastable de la realidad, que lo certifica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe sobre el progreso de la cantidad de personas que habitan el planeta. La expectativa de vida promedio ha aumentado 20 años desde 1950 en adelante, al pasar de 48 a 68 años.

Los datos corresponden al Fondo de Población de la ONU, Unfpa por sus siglas en inglés.

Según ese organismo, la expectativa de vida promedio ha aumentado 20 años desde 1950, de 48 a 68 años, pero se estima que más de 880 millones de personas a nivel global aún no tienen acceso a fuentes seguras de agua potable, y 2,6 millones carecen de servicios básicos de sanidad como excusados.

Respecto de América Latina, la población es actualmente cercana a los 600 millones, un 8,6% de la población mundial, y se estima que llegará en 2050 a los 750 millones.

Entre los desafíos principales para la región se encuentran la creciente urbanización y el envejecimiento de la población.

El número de adolescentes y preadolescentes, entre 10 y 19 años, es de 1.200 millones.

En tanto, la población de América Latina mayor de 60 años se duplicará entre 2010 y 2030 (sólo 20 años), pasando de 59 a 118 millones.
Más de 126.000 entrerrianos tienen más de 65 años, y una franja de éstos pasan sus días finales internados en hogares de ancianos, geriátricos, residencias gerontológicas. El Diario (Entre Ríos).-