En Argentina, el acceso a la vivienda se ha convertido en un obstáculo cada vez más difícil de superar, especialmente para los adultos mayores. Un informe reciente de la Fundación Tejido Urbano, basado en datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), revela que más de 359.000 adultos mayores en el país necesitan alquilar una propiedad para poder vivir.

Por Dr. Daniel Cassola

Esta cifra es más del doble que en 2004, cuando eran alrededor de 164.000. Este fenómeno, conocido como «inquilinización», refleja las crecientes dificultades que enfrentan los mayores de 60 años para acceder a una vivienda propia, exacerbadas por décadas de crisis económicas, la falta de acceso a créditos hipotecarios y la precariedad laboral.

El informe detalla que el 7,25% de la población mayor de 60 años en Argentina vive en alquiler, lo que representa el 6,58% del total de inquilinos a nivel nacional. Esta tendencia ha ido en aumento desde la crisis económica de 2001, cuando las políticas habitacionales y las condiciones socioeconómicas comenzaron a empeorar, dificultando el acceso a la propiedad para gran parte de la población. Entre los adultos mayores, la «inquilinización» es el resultado de una vida laboral marcada por la inestabilidad, el empleo precario y la caída salarial, lo que les impidió acumular el capital necesario para adquirir una vivienda propia.

Según Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, los adultos mayores que viven de alquiler enfrentan una situación particularmente vulnerable. «Además de la inestabilidad económica, tienen mayores dificultades para asegurar una vivienda estable y accesible. El incremento de inquilinos en este grupo no solo refleja la falta de acceso a la propiedad, sino también la permanencia de formas de tenencia precaria, como la ocupación irregular o la vivienda en barrios populares», explicó Araujo en diálogo con Infobae.

El informe destaca que las ciudades más afectadas por este fenómeno son Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Río Gallegos. En estas localidades, el alto costo de la vivienda, sumado a procesos históricos de migración interna y una creciente urbanización, ha llevado a que muchos adultos mayores se vean obligados a alquilar. Buenos Aires, en particular, concentra la mayor proporción de adultos mayores inquilinos, debido al elevado costo de la propiedad y la falta de redes sociales que podrían haber facilitado el acceso a una vivienda durante su vida laboral.

En contraste, en provincias como Tucumán o Santiago del Estero, la falta de un mercado de alquiler consolidado obliga a los adultos mayores a vivir en condiciones precarias, a menudo sin acceso a servicios básicos. Un dato sorprendente es que más del 33% de los adultos mayores que alquilan nacieron en otra provincia o país, lo que refleja un patrón de migración en busca de mejores oportunidades, aunque sin lograr el acceso a una vivienda propia.

Los ingresos de los adultos mayores que dependen del alquiler son considerablemente bajos. De acuerdo con el informe, el 40,52% de los adultos mayores que viven solos se encuentran en el primer decil de ingresos, es decir, en el 10% más pobre de la población, mientras que el 72,7% pertenece al 40% más pobre. Además, un 18% de los adultos mayores sigue trabajando y no recibe jubilación, mientras que quienes sí la perciben dependen de ella como su principal fuente de ingresos.

El costo del alquiler representa una carga significativa. Con ingresos mensuales que oscilan entre $135.000 y $276.500, después de pagar el alquiler, muchos adultos mayores apenas tienen margen para cubrir necesidades básicas como alimentación y medicamentos. La Canasta Básica Alimentaria para un adulto mayor varía entre $62.000 y $96.000, lo que deja muy poco espacio para afrontar gastos imprevistos o acceder a otros servicios esenciales.

El informe también destaca que las políticas actuales no abordan de manera integral las necesidades habitacionales de los adultos mayores. A pesar de que existen subsidios y programas, como los del PAMI entre 2016 y 2019, estos solo cubren a una pequeña porción de la población vulnerable. Araujo señaló que la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado agrava el problema, y que es necesario desarrollar una política habitacional enfocada en la vejez que incluya no solo el acceso a una vivienda adecuada, sino también temas como la soledad, la movilidad y la precariedad económica.

Los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la solución de esta problemática, especialmente en áreas con alta concentración de adultos mayores inquilinos, como la Ciudad de Buenos Aires. Se requieren políticas que incluyan programas de alquiler asequibles, el desarrollo de viviendas adaptadas a las necesidades físicas y económicas de los adultos mayores, y la promoción de la convivencia intergeneracional a través de la colaboración con centros de jubilados.

Finalmente, Araujo concluyó: «Es vital que los gobiernos y la sociedad civil trabajen juntos para crear oportunidades de vivienda adecuadas para los adultos mayores, combinando crédito accesible, mejoramiento habitacional y una mayor regulación de las condiciones de los más vulnerables».