Fuente:Los Andes online -Mendoza.

Lo que comenzó como una consulta de una médica por un error ortográfico en un comprobante de pago puede tratarse de una estafa al Estado, cometida en la órbita del Ministerio de Salud.

Mientras Etel Musri, Federico Bosch, Selva Nieto y Mabel Rivero (ex empleados del departamento de Matriculaciones y Certificaciones de esa cartera) continúan imputados por asociación ilícita, fraude al Estado, falsificación de documentos y falsificación de sellos (a lo que ahora se le agregó el delito de incumplimiento real de los deberes de funcionario público), trascendió ayer que los casos serían `muchísimos más` de los ya detectados hasta el momento.

En las auditorías realizadas hasta ayer, se detectaron en total 197 casos y el número podría seguir en alza. Según especificaron fuentes de la investigación, hasta el momento sólo se ha analizado la letra `A` de lo que tiene que ver con trámites de médicos. Resta completar el control de todo ese fichero (está en orden alfabético) y hacer lo propio con otros rubros como kinesiología. `Podríamos estar hablando de muchísima plata`, destacaron.

Los cuatro imputados aún no pagan la fianza de 50 mil pesos que los exime de prisión y tienen hasta el lunes para hacerlo.

El caso

Las irregularidades cometidas por Musri, Bosch, Nieto y Rivero salieron a la luz hace dos semanas y si bien no perjudican directamente a los profesionales (porque se les entregó el documento), sí lo hacen al Estado, teniendo en cuenta que es dinero que nunca fue registrado.

Fue cuando una mujer que había pagado por una matrícula en una de las oficinas regresó por un error prácticamente tonto en la factura que le habían dado tras pagar por el trámite: en el apartado donde debía decir `trescientos` (escrito con letras) decía otra palabra. Confundida y hasta asustada ante la posibilidad de que el error no le permitiese desarrollar su profesión con tranquilidad, la mujer volvió al Ministerio de Salud y allí se le dio curso a la consulta, enviando la factura con el error hacia otro departamento.

Cuando el comprobante fue estudiado, funcionarios del Ministerio corroboraron que no se trataba simplemente de un error de escritura sino que la factura no era del talonario original en el que se registran los pagos por estos trámites, sino que se trataba de un papel `trucho`.

Esa fue la punta del ovillo que llevó a que el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, presentara la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Complejos. La causa quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos y, en paralelo, se abrió una investigación administrativa interna.

Pese a que en un primer momento se habló de sobreprecios y de que a la gente se le cobraba entre 500 y mil pesos en lugar de cobrarles los 300 que corresponde por el trámite (en el caso de los profesionales), desde el Gobierno explicaron que -al menos en los casos descubiertos hasta el momento- el problema no era que se le cobrase de más, sino que directamente ese dinero no quedaba registrado. A los profesionales se les entregaba una factura falsa y el dinero no era rendido, aunque sí se expedía el certificado.

De acuerdo a la información que tiene la Justicia y que investigan en el sumario, esta estafa pudo ser perpetrada porque la gente que quería su documentación no pasaba por la oficina de Tesorería antes de ir a la de Matriculaciones.

Según explicó el asesor de gabinete de Salud, Emilio Vázquez Viera (h), Bosch era el único contratado de los cuatro, por lo que ya se le dio de baja. Los tres restantes están en planta permanente y se los ha separado de esa oficina hasta tanto finalicen las investigaciones interna y judicial.

Los imputados, que son los únicos empleados que se desempeñaban en esa dependencia, ya han elegido a sus abogados y el de dos de ellos es Sergio Vignaud. Los memoriosos recordarán que Vignaud fue director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud durante el gobierno de Celso Jaque y reclamó al Estado el pago de cerca de 20 millones de pesos en calidad de honorarios por haber participado como miembro paritario durante las negociaciones, excediendo su función de subsecretario. Finalmente no se hizo lugar a su pedido.

Hasta ahora sólo se han relevado los médicos cuyo apellido empieza con A, pero falta el resto del abecedario y de los profesionales de salud. Los imputados siguen detenidos.