La guerra de los laboratorios y las farmacias por el control del negocio de los medicamentos, que genera en el país $ 50.000 millones, podría tener su desenlace en breve: según la resolución 1632 del Ministerio de Salud, publicada en octubre pasado, a partir del 11 de marzo los locales ya no podrán vender golosinas, juguetes, pilas, galletitas y yerba, entre otros productos que exhiben en góndolas.
Así, las farmacias sólo ofrecerán medicamentos, tanto de venta libre como recetados, y productos de higiene o estética personal, además de «aquellos a los que se les asignen propiedades profilácticas, desinfectantes, insecticidas u otras análogas», según una antigua reglamentación de la ley de farmacias que seguirá vigente.
La nueva reglamentación 1632, que pretende ponerle límites al expendio de determinados productos, según el Gobierno, es interpretada por las grandes cadenas como Farmacity como una normativa hecha a «su medida», a fin de restringir su actividad comercial, por lo cual recurrió a la Justicia para evitar su puesta en vigor. Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) consideraron que lo dispuesto «se ajusta en todos sus términos a la ley de medicamentos 16.463 y sus decretos reglamentarios».
Así las cosas, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) presentó un pedido de aclaración al ministerio de Salud al considerar que hay numerosos aspectos de la resolución que son «confusos», mientras que la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) se mostró más a favor de limitar la comercialización de productos no afines a las farmacias.
La diversificación de ventas de productos en las farmacias responde a que los dueños de los locales buscaron recuperar parte de la rentabilidad perdida en el complejo mercado de los medicamentos, en el que hay poco margen para fijar precios o condiciones en la cadena comercial. Cadena en la que intervienen, además del Estado en su rol de controlador, los laboratorios, las distribuidoras y las droguerías, y en la que, como financiadores obligados por ley, están las obras sociales, el PAMI y las prepagas, mientras que las grandes cadenas explotaron un costado comercial con la venta de productos que también compiten con un supermercado.
Respecto de las restricciones en las góndolas, las opiniones están divididas. Al rechazo de Farmacity, por ejemplo, se contrapone la celebración de entidades como la COFA. De todas maneras, aún hoy varias fuentes consultadas no tienen en claro qué productos serán los que podrán ofrecerse. LA NACION