La “corrupción instalada” en el IOMA

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La Justicia tiene bajo la lupa a la anterior gestión de la obra social de la provincia de Buenos Aires.

Por Dr. Daniel Cassola

La actual gestión de la obra social de la provincia de Buenos Aires, IOMA, encabezada por Sergio Cassinotti, concluyó la primera etapa de revisión del pasado inmediato que tuvo la forma de una auditoría interna. Los resultados encontrados, dijo el funcionario, “se entienden como una mezcla de desidia y corrupción instalada, falta de gestión y ausencia de controles cruzados que sólo pudo ser posible con el paraguas de quienes gestionaban anteriormente el Estado provincial”.

Los datos producidos en la auditoría ya fueron acercados a la Unidad Funcional de Investigaciones 8, a cargo del fiscal Jorge Paolini. La denuncia consiste en presentar lo que se considera como un fraude que durante al menos cuatro años drenó de las arcas de IOMA más de 1500 millones de pesos, a razón de 380 millones de pesos por año.

La operatoria del supuesto fraude se divide en siete acciones diferentes. Según dio a conocer IOMA en un comunicado oficial son las siguientes:

1-  Denuncia por sobreprecios en medicamentos. Se pagaron más de 36 millones de pesos anuales por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencia, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% más de su valor.

2- Denuncia por Internación Domiciliaria. Se detectaron casos de facturación por esta prestación a pacientes fallecidos. También a afiliados por los cuales se le facturaba al IOMA prestaciones que no eran brindadas. Un 20% de estos beneficiarios no recibían algunos de los servicios autorizados o bien su totalidad. Se identificaron casos de familiares de adherentes a los cuales ciertas empresas de internación domiciliaria les pagaban un monto determinado, pero sin darle prestación alguna, para luego facturarle a la obra social el monto total.

3-  Prótesis. Se rescindió el convenio de prótesis y se retomó la compra directa, lo que representa un recupero para el Estado de 200 millones de pesos anuales. Antes el mencionado convenio estaba tercerizado en las Asociaciones Intermedias con manejos poco claros.

4- Denuncia por Ortopedia. Se encontraron casos de solicitud de compras fraguadas. También se hallaron ítems con sobreprecios -entre 2 y 3 veces más caros- en el listado de elementos ortopédicos aprobados. De esta manera, se recuperan alrededor de 37 millones de pesos anuales.

5- Se construyeron consensos para eliminar gastos administrativos correspondientes al segundo y tercer nivel de atención (clínicas y sanatorios) por 84 millones de pesos anuales que han sido recuperados para el Estado.

6-  Se detectó que un stock de 103 computadoras figuraba como recibido en el mes de noviembre de 2015, ingresado a patrimonio y enviado al pago sin haber ingresado a la obra social.

7- Se denunció el negocio de los Recursos de Amparos.  Esta modalidad se estableció como un mecanismo generalizado para brindar prestaciones que en la gran mayoría de los casos correspondía otorgar al afiliado con cobertura del 100%.  Generando importantes demoras en el circuito de cobertura en detrimento del beneficiario, con el objetivo de forzar la realización de las compras por circuitos fuera de la operatoria normal, a precios no convenidos y además abonando honorarios a los abogados. Esto era el “negocio” de unos pocos, en perjuicio de los beneficiarios a los que en vez de darles lo que corresponde por derecho se los sometía a burocráticos sistemas administrativos.

En su defensa el ex titular de la obra social Antonio La Scaleia aseveró que “nosotros dejamos una obra social funcionando con superávit, están mintiendo para atacar al ex gobernador”. Por su parte, el actual director de IOMA, Cassinotti, sostuvo que “las pruebas están en la Justicia, alguien debe ir preso”.

Uno de los dos está equivocado. Es tiempo que la Justicia trabaje para determinar quién miente y quién dice la verdad.

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