La Iglesia Católica Argentina alzó su voz en un momento crítico, alertando sobre el dramático estado de abandono que sufren las personas con discapacidad y sus familias.

Por Dr. Daniel Cassola

El comunicado, firmado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares y diversas organizaciones civiles, refleja una profunda preocupación ante el creciente deterioro de los derechos y las condiciones de vida de uno de los sectores más vulnerables del país.

Este pronunciamiento se da en un contexto sumamente particular: la reciente muerte del papa Francisco y una compleja situación política y social en la Argentina. El Gobierno de La Libertad Avanza, que lidera el presidente Javier Milei, ha iniciado una auditoría masiva sobre los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y las pensiones no contributivas. El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sostienen haber encontrado irregularidades en la asignación de más de 1.800.000 beneficios, lo que podría derivar en la baja de aproximadamente 250.000 prestaciones.

Frente a este escenario, la Iglesia advirtió que miles de personas están siendo arrastradas a una situación de desprotección extrema. La falta de acceso a servicios esenciales como salud, rehabilitación, educación y programas de inclusión social, denunciada en el comunicado, ha empujado a muchas familias a una desesperanza creciente. “La injusticia que están padeciendo las personas con discapacidad nos duele e interpela”, señala el texto, que insta a la sociedad y al gobierno a actuar con urgencia para revertir este cuadro de exclusión.

El documento remarca que la crisis económica que atraviesa el país ha amplificado las desigualdades preexistentes, afectando de forma desproporcionada a quienes ya enfrentaban múltiples barreras. Mientras la mayoría de la población lucha por adaptarse a un contexto de inflación y ajuste, las personas con discapacidad padecen un doble castigo: la precarización general y la pérdida de los dispositivos que garantizaban su derecho a una vida digna.

Lejos de circunscribirse a una mera crítica política, el pronunciamiento de la Iglesia apunta a una falla estructural de la sociedad argentina. Se denuncia que, pese a las múltiples voces que reclaman por los derechos de las personas con discapacidad, no se han materializado acciones concretas que permitan garantizar su inclusión plena. El documento es contundente: la fragmentación de discursos termina por invisibilizar a quienes deberían estar en el centro de la atención pública.

En este marco, el llamado es a recuperar la sensibilidad colectiva y la acción inmediata. “No queremos que nos venza la sensación de impotencia”, expresa el comunicado, que apela tanto a la conciencia ciudadana como a la responsabilidad de los gobernantes. Se enfatiza que la dignidad y la igualdad de derechos son principios que no deben negociarse en función de ajustes presupuestarios ni de cálculos políticos.

El reclamo de la Iglesia coincide con un momento de gran dolor para el mundo católico: el reciente fallecimiento del papa Francisco, quien en sus últimos años de pontificado hizo un llamado insistente a colocar a las personas con discapacidad en el centro de la vida social. En diciembre de 2023, el papa había difundido un video en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, pidiendo oración y acción para que las personas con discapacidad dejen de ser marginadas y puedan participar activamente en sus comunidades.

La situación actual en Argentina parece ir en sentido contrario a ese ideal. La auditoría gubernamental, aunque justificada oficialmente como un intento de corregir irregularidades, ha sido vista con alarma por organizaciones civiles y religiosas, que temen que la «poda» de beneficios recaiga indiscriminadamente sobre quienes más lo necesitan.

Mientras tanto, en el Congreso, sectores de la oposición impulsaron un proyecto de ley para declarar la “emergencia en discapacidad”, que el oficialismo desestimó como “demagógico” debido a su alto costo fiscal. Esta confrontación política no hace sino reforzar la sensación de abandono que sienten las familias de personas con discapacidad, atrapadas en una pulseada de intereses ajena a sus necesidades inmediatas.

En un país marcado por crisis cíclicas, la verdadera medida de la madurez de una sociedad está en cómo trata a los más vulnerables. El pronunciamiento de la Iglesia recuerda que no se trata solo de estadísticas o auditorías, sino de vidas humanas que merecen ser vividas con dignidad y plenitud.