La nueva gestión encarga una auditoría en IOMA por una deuda que ascendería a 7400 millones de pesos


Por Redacción Curar con Opinión

El nuevo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, encargó una auditoría en la obra social de empleados públicos bonaerenses, IOMA, donde la gobernación habría dejado una deuda de 7.400 millones de pesos. El funcionario aclaró que no se trata de “dinero que le haya faltado a IOMA sino que se han quedado en el Tesoro de la Provincia para otros fines”, sobre los que remarcó que desconoce “cuáles son”.

El ministro explicó que “según los informes previos la deuda con proveedores y prestadores asciende a 7.400 millones de pesos”. Gollán dijo que su objetivo es ir “regularizando la situación del organismo”, para lo que comenzará a dialogar “con todos los sectores para manejar la deuda, porque en este momento esos recursos no están”.

El ministro ya había advertido, en una de sus primeras intervenciones públicas luego de asumir, que el “Tesoro de la Provincia tomó” esa suma del sueldo de los trabajadores. En este sentido, consideró que los conflictos heredados con los médicos, profesionales y proveedores no deben cargarse a la obra social provincial. La “deuda no es de IOMA”, definió, sino del Tesoro provincial que se apropió de ese monto.

Las denuncias sobre la mala administración de la obra social de los estatales bonaerenses durante la gestión de María Eugenia Vidal son numerosas. En agosto pasado, un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, presidida por el ex viceministro de Salud Nicolás Kreplak, advirtió que aunque los ingresos de IOMA eran superavitarios, la cobertura de los medicamentos había pasado a ser inferior a 2016 y a los prestadores se les pagaba con demora. 

El presupuesto de la obra social está compuesto por el aporte de los afiliados con el 4,8 por ciento de sus sueldos y otro 4,8 por ciento que aporta el Estado como empleador. Por ley, la provincia debería girarle ese monto, pero Vidal no lo hizo.  Esto provocó que IOMA redujera las prestaciones a sus afiliados y pusiera trabas burocráticas para dificultar el acceso a tratamientos. “Se demoran las internaciones, se rechazan tratamientos continuamente, tardan meses en hacer llegar los pedidos para tratamientos oncológicos, la diabetes, enfermedades autoinmunes”, sostuvo el informe.

También los gremios de los trabajadores estatales señalaron estas irregularidades. El Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS), una organización de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que lideran Ricardo Peidro y Hugo Godoy aseguró la semana pasada la obra social atraviesa una crisis en la provisión de medicamentos de elevado costo debido a que la ex gobernadora Vidal “subejecutó sus presupuestos y limitó el gasto del Estado”. 

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