Los jubilados están entre las principales víctimas del ajuste
Un reciente informe del Instituto Consenso Federal, basado en el «Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional (julio 2024)», ha sacado a la luz las estrategias del Gobierno para mantener el equilibrio de las cuentas públicas durante los primeros siete meses del año.
Por Dr. Daniel Cassola
El informe, elaborado y publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, destaca que estos esfuerzos se sostuvieron principalmente mediante significativos recortes en fondos destinados a universidades, provincias y jubilados.
Uno de los puntos más alarmantes del estudio es el impacto que estas políticas han tenido en los jubilados y pensionados del país. Según el informe, el 27,6% del recorte total «se explica por la merma del gasto ejecutado en los haberes de la clase pasiva». Esto implica que de cada 100.000 pesos que el gobierno dejó de gastar en el período analizado, casi 28.000 pesos deberían haber sido destinados a los jubilados y pensionados, solo para mantener el nivel de ingresos en comparación con 2023.
Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, enfatizó la gravedad de la situación al señalar que «esto significa que los recortes han afectado directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, dejando a muchos jubilados en una situación económica aún más precaria».
El informe también revela un preocupante recorte del 31% en los recursos destinados a las universidades nacionales entre enero y julio de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior, ajustado por inflación. Este dato es especialmente relevante si se considera que las universidades ya venían sufriendo un recorte significativo en meses anteriores. Rodríguez subrayó que las movilizaciones ciudadanas del 23 de abril, que demandaban detener el ajuste presupuestario para las universidades nacionales, no lograron frenar la tendencia. «La ejecución presupuestaria pasó de -25,5% en el período enero-mayo a -31% para enero-julio», explicó.
El informe también expone una drástica reducción en las transferencias de la Nación hacia las provincias, con una caída del 83,5% en el gasto ejecutado. Además, se registró un ajuste del 80,9% en los gastos de capital, que usualmente están destinados a obras públicas como rutas, hospitales y escuelas en todo el territorio nacional. Este ajuste pone en riesgo la continuidad de proyectos esenciales para el desarrollo de las provincias.
Contrario a la tendencia general de recortes, el informe destaca que el único rubro en el que el gasto ejecutado no disminuyó fue el destinado al pago de intereses de la deuda. Este apartado ha absorbido más de seis billones de pesos en los primeros siete meses del año, mostrando una constante en la gestión libertaria, que prioriza el cumplimiento de las obligaciones financieras por sobre otras necesidades presupuestarias.
