El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, salió al cruce de las recientes acusaciones sobre la atención a pacientes con cáncer, defendiendo la gestión nacional y respondiendo a un funcionario del gobierno bonaerense que había cuestionado la situación de los tratamientos oncológicos en la provincia.

Por Dr. Daniel Cassola

La polémica comenzó cuando un funcionario bonaerense, Facundo Lanza, director del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, realizó comentarios públicos señalando que «los tres Poderes del Estado están dejando morir a los pacientes con cáncer». Aunque Lanza no mencionó casos concretos, sus declaraciones fueron interpretadas como un cuestionamiento directo a la política nacional de salud. Esto generó una rápida respuesta de parte de Mario Lugones, quien utilizó su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) para desmentir las acusaciones y defender el trabajo del Ministerio de Salud.

Lugones calificó las declaraciones de Lanza como “falsas” y desmintió que existieran recortes o faltantes de tratamientos para pacientes con cáncer. El ministro también recordó que, desde la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC), se han destinado importantes recursos, con más de 115.000 millones de pesos para 2024 y una proyección de 70.000 millones de pesos para 2025, destinados a la cobertura de tratamientos oncológicos para personas sin cobertura médica. Esta cantidad incluye un presupuesto adicional para el segundo semestre, con expectativas de superar los 85.000 millones de pesos.

En cuanto a las acusaciones sobre el abastecimiento de medicamentos, Lugones explicó que los hospitales públicos tienen suficiente stock de medicamentos, incluidos los opioides esenciales para el tratamiento del dolor en pacientes oncológicos. El ministro aseguró que no han recibido solicitudes adicionales debido a una falta de estos insumos, sugiriendo que la situación en las provincias podría estar relacionada con una mala gestión local, más que con un problema nacional.

El ministro recordó que «siempre y en todos los casos, el Gobierno Nacional atiende los casos que las provincias rechazan». Señaló que los pedidos de cobertura para tratamientos oncológicos, incluso aquellos de alto costo, se inician en los Ministerios de Salud provinciales. Cuando las provincias rechazan por escrito cubrir estos tratamientos, es la Nación quien interviene a través de la DINADIC para garantizar que los pacientes reciban la medicación necesaria. Esta intervención nacional busca cubrir las deficiencias de los sistemas de salud provinciales, asegurando la atención integral de aquellos pacientes que, de otro modo, no podrían acceder a los tratamientos requeridos.

Otro punto destacado por Lugones fue la garantía de que no se han suspendido ni se suspenderán los programas oncológicos. De hecho, reafirmó que desde el gobierno nacional se sigue garantizando la cobertura para aquellos pacientes que necesiten tratamientos complejos, en particular en aquellas provincias donde los sistemas locales no pueden asumir toda la carga.

El cruce entre Lugones y Lanza refleja la creciente tensión entre el gobierno nacional y el provincial respecto a la gestión de la salud pública, particularmente en lo que refiere a la atención a pacientes con enfermedades complejas como el cáncer. Mientras que el ministro de Salud de la Nación defiende la política de descentralización, que permite intervenir en provincias con sistemas de salud deficitarios, desde la provincia de Buenos Aires se cuestionan la efectividad de estas medidas y la supuesta falta de recursos para poder hacer frente a la demanda.

A pesar de las críticas, el gobierno nacional insiste en que se está trabajando para garantizar el acceso universal a los tratamientos y servicios de salud, sin distinción de cobertura.

En conclusión, sería ideal que tanto el gobierno nacional como los provinciales trabajen de manera conjunta para garantizar el acceso a tratamientos adecuados y oportunos, sin importar la cobertura médica de los pacientes. La prioridad debe ser siempre el bienestar de la población, con políticas que aseguren una atención equitativa, de calidad y accesible para todos los argentinos.