Por Redacción Curar con Opinión
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, denunció que los dueños de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA mantienen lazos con el narcotráfico y anunció su decisión de presentarse como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado. Las declaraciones de Javkin se producen tras la muerte de 54 personas en hospitales y clínicas relacionadas con el uso de este medicamento, que contenía sustancias adulteradas.
El jefe comunal fue contundente en sus acusaciones: «Tienen vínculos con el narcotráfico». Javkin solicitó que se investigue la posible desviación del fentanilo al mercado ilegal, un aspecto que ya está siendo abordado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y por el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, encabezada por Martín Verrier. Además, interviene la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, que incluye al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Salud, la ANMAT y ARCA.
Javkin indicó que la Justicia comprobó que, en el país, solo dos laboratorios estaban habilitados para importar fentanilo, y que la importación de esta sustancia creció durante la pandemia de COVID-19, aunque se mantuvo elevada incluso después de la crisis sanitaria. El intendente alertó sobre la posibilidad de que parte de este fentanilo haya sido desviado al mercado ilegal, y subrayó que existen conexiones entre los laboratorios implicados y personas vinculadas al tráfico de drogas.
Estas declaraciones tuvieron repercusiones inmediatas. El juez Kreplak citó a Javkin como testigo, y la Municipalidad de Rosario presentó formalmente su solicitud para actuar como querellante en la causa. «Quiero ser algo más que un testigo. Rosario es víctima de esta mafia con vínculos narcos y no vamos a parar hasta desenmascarar a cada una de estas personas», afirmó el propio Javkin al anunciar su decisión.
En un escrito de dieciocho páginas presentado por el municipio, se sostiene que el caso ha provocado “un grave daño a la salud pública” y se detallan los perjuicios sufridos por el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se utilizaron ampollas de fentanilo adulterado. Además de los efectos sobre la salud, el escrito subraya los riesgos que se generaron para otros sanatorios locales y el daño al patrimonio municipal, lo que obligó a tomar medidas extraordinarias para retirar y custodiar los lotes contaminados.
El documento también expone la vinculación de los directivos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma con antecedentes judiciales previos. Entre ellos, se menciona a Ariel García Furfaro, Jorge Salinas, Damián García, Marcela Vozza, Jorge Gómez y Marcelo Ferré, quienes estuvieron implicados en la explosión del laboratorio Apolo en Rosario, en 2016. Por ese hecho, fueron imputados por estrago culposo agravado y lesiones graves, aunque evitaron el juicio penal a través de salidas alternativas. El escrito también señala que Jorge Salinas fue investigado en la causa de la efedrina por su vínculo con Mario Segovia, conocido como «el Rey de la Efedrina», y defendido en esa causa por Ariel García Furfaro.
Javkin destacó que existe una «continuidad estructural, comercial y operativa» entre el laboratorio Apolo y las empresas actualmente investigadas, ya que varios de los implicados siguen integrando los órganos societarios, con habilitación oficial para producir y suministrar medicamentos a efectores públicos, como el HECA. Según la Municipalidad de Rosario, esta situación revela no solo los vínculos entre las causas, sino también la falta de eficacia en la respuesta judicial y administrativa anterior, que no impuso sanciones ni restricciones capaces de evitar la repetición de conductas riesgosas en el ámbito farmacéutico.
