Secuestraron más de 450 termos, mates y botellas falsificados por ser un riesgo para la salud
Por Redacción Curar con Opinión
Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Buenos Aires permitió el secuestro de más de 450 vasos, termos, mates y botellas falsificados de una marca de primera línea, cuya utilización representa un riesgo potencial para la salud. Los procedimientos se realizaron en las localidades de Pilar, San Miguel y Chivilcoy, tras una investigación que alertó sobre la comercialización de estos productos apócrifos.
La causa se inició luego de una denuncia presentada por la firma representante de la marca Stanley en Argentina ante la División Antifraude de la PFA. A partir de esa presentación, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que culminaron con la incautación de 455 artículos listos para su venta, tanto en comercios físicos como a través de plataformas online.
El aspecto más preocupante del caso fue el informe elaborado por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Dirección de Fiscalización y Control del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la ANMAT. Según el dictamen técnico, todos los productos secuestrados eran falsos y una parte significativa no cumplía con el Código Alimentario Argentino.
En particular, los especialistas advirtieron que varios de los termos, vasos y botellas habían sido fabricados con aleaciones de acero inoxidable no autorizadas para el contacto con alimentos y bebidas. El uso de este tipo de materiales implica un riesgo sanitario, ya que no se puede garantizar que no liberen sustancias tóxicas o metales pesados en los líquidos, especialmente cuando se utilizan con bebidas calientes.
Desde el INAL señalaron que el contacto prolongado de alimentos o bebidas con materiales no aptos puede generar contaminación química, con posibles efectos adversos para la salud a corto y largo plazo. Por ese motivo, las conclusiones fueron elevadas para evaluar el retiro preventivo de los productos del mercado y la difusión de advertencias a la población.
Además de notificar a los municipios involucrados y a la empresa denunciante, las autoridades dieron intervención a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).
