El abogado penalista y concejal de La Libertad Avanza, Marcelo Mazzeo, presentó una denuncia penal contra el titular de IOMA, Homero Giles, y el gobernador Axel Kicillof por presuntos delitos contra la administración pública. La causa se radicó en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata y profundiza la crisis institucional que atraviesa la obra social provincial.
Por Dr. Daniel Cassola
La situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) continúa generando tensiones en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. En medio de reclamos, movilizaciones y cuestionamientos sobre el funcionamiento del organismo, una nueva denuncia judicial suma un capítulo más a la crisis.
El abogado penalista y primer concejal de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, presentó una demanda contra el titular del IOMA, Homero Giles, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, acusándolos de presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos administración fraudulenta agravada y malversación de caudales públicos.
La presentación fue radicada ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, donde Mazzeo pidió la inmediata apertura de una investigación penal y la adopción de medidas cautelares sobre los fondos del instituto. Según el escrito, el presupuesto anual de IOMA —que supera los 188 mil millones de pesos— habría sido “capturado políticamente” y convertido en una “caja partidaria”, desviando recursos de su finalidad sanitaria.
El denunciante sostiene que el organismo se encuentra en una situación de colapso financiero y que existe una “violación sistemática del derecho a la salud”. En su presentación, menciona demoras en los pagos a entidades médicas como FEMEBA, FENECON y FREMEBO, retrasos en los honorarios profesionales y la suspensión de tratamientos esenciales, como los oncológicos, la colocación de prótesis y la entrega de medicamentos crónicos.
Otro de los puntos señalados en la denuncia es el régimen de afiliación compulsiva que, según Mazzeo, aplica la obra social sobre empleados municipales y provinciales. El abogado califica este sistema como una forma de “extorsión institucional” que impediría la libre elección de cobertura médica.
Mazzeo también incluyó en su denuncia los reiterados cuestionamientos al presidente de IOMA por no haberse presentado ante la Legislatura bonaerense cuando fue citado para dar explicaciones sobre la gestión del organismo. Para el denunciante, esa falta de rendición de cuentas configuraría un incumplimiento de los deberes de funcionario público. En paralelo, el escrito apunta al gobernador Axel Kicillof por presunta “responsabilidad penal por omisión funcional”, al no haber investigado ni corregido las supuestas irregularidades dentro del instituto.
La denuncia se enmarca en un contexto de creciente malestar entre los afiliados y prestadores del sistema de salud bonaerense. En los últimos meses, diversas organizaciones médicas han advertido sobre la falta de recursos, los atrasos en los pagos y las dificultades para garantizar la atención en hospitales y clínicas. Las quejas de los trabajadores estatales, docentes y jubilados afiliados al IOMA se suman a un reclamo más amplio por un sistema que muchos consideran en crisis estructural.
Mientras tanto, desde el gobierno provincial y la conducción del IOMA han defendido la gestión del organismo, argumentando que se atraviesan dificultades financieras derivadas del contexto económico general y que se trabaja para regularizar los pagos y mejorar la calidad de las prestaciones.
En este escenario, el desafío de fondo trasciende las disputas partidarias o las responsabilidades penales. Lo esencial es garantizar que el IOMA, la principal obra social de la provincia de Buenos Aires, funcione de manera eficiente, transparente y centrada en su propósito original: ofrecer servicios de salud de calidad a sus más de dos millones de afiliados.
